Como ya es usual en Colombia, cada vez que un gobierno se ve en aprietos por algún escándalo que compromete la imagen de sus funcionarios, repentinamente temas como eliminar tres ceros al peso e iniciar una guerra frontal contra la corrupción empiezan a ocupar los titulares de los medios. En esta ocasión, tras las salpicaduras del escándalo de Odebrecht, el gobierno ha decidido apostarle justo a la mitad de legislatura y misteriosamente a espaldas del propio Presidente, a una medida discutida y rechazada incontables veces: el voto obligatorio.
Una de las razones que sustentan la propuesta del voto obligatorio es la idea de que así se combatirá la abstención en Colombia que ronda el 60% y se fortalecerá la democracia en el país.
Sin embargo, pensar que el uso del monopolio de la violencia física del Estado para forzar a los ciudadanos a salir de sus casas a participar en un sistema -en el que además no creen lo suficiente- va a servir de alguna forma para solucionar cualquiera de los problemas que enfrenta el país es tan demencial como suena.
En primer lugar, por la sencilla razón que es un despliegue innecesario de recursos y esfuerzos para implementar un sistema de control, castigo y apelaciones que en realidad no reporta ningún beneficio en particular ni, mucho menos, asegura mejores resultados electorales.
No hay que olvidar que en sistemas con voto obligatorio llegaron al poder grandes protagonistas de escándalos de corrupción y abusos de poder como Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o Alejandro Toledo en Perú.
En segundo lugar, el voto obligatorio mina la lógica misma de la democracia liberal en la cual diferentes concepciones de ver el mundo pueden convivir, desde el entusiasta electoral hasta el modesto anarquista que decide libremente sustraerse de las decisiones políticas.
El uso de la violencia y la intimidación para obligar a alguien a participar en un procedimiento que le es indiferente, es un pequeño toque totalitario para un sistema cuya principal virtud reside justamente en la potencialidad de incluir diferentes formas de ver el mundo dentro de sí.
En tercer lugar, el voto obligatorio no soluciona ninguno de los problemas de legitimidad que sufre la democracia colombiana. De acuerdo con el sondeo de Cultura Política del DANE tan solo el 15,7% de los colombianos encuestados se encuentran satisfechos con la forma en la que la democracia funciona en el país y el 74,3% afirmaron estar de acuerdo con que a los políticos les importan los votos y no el ciudadano.
Así, el voto obligatorio invierte la carga de responsabilidades y coacciona al ciudadano desencantado del sistema para que legitime en las urnas a aquellos que ejercen el poder.
No obstante, son en realidad los políticos y funcionarios públicos los que deben demostrar que sus labores son tan necesarias, importantes y útiles como para que los ciudadanos cedan una porción de su libertad para que sea administrada por el Estado y además se tomen el trabajo de manifestarse en las urnas.
En cuarto lugar, se debe tener en cuenta que de acuerdo con la mencionada encuesta del DANE tan solo 5 de cada 10 personas en el país han oído hablar de los mecanismos de participación ciudadana y que la principal razón de los colombianos para no votar es el simple y llano desinterés.
Esto se explica porque informarse sobre política tiene un costo en tiempo y dinero, pero además, un voto informado cuenta lo mismo que uno desinformado, lo cual anula cualquier incentivo para votar con un mínimo de conocimiento de las propuestas e ideas que se encuentran compitiendo.
De esta forma, el voto obligatorio no logrará que se estudie mejor a los candidatos o acaso que los ciudadanos se involucren más en la democracia, sino que forzará a una enorme cantidad de personas desinteresadas y desinformadas para que participen en elecciones simplemente para evitar una sanción.
Del mismo modo en que no tiene sentido acudir a un desentendido de la tecnología para que elija el mejor smartphone, es igualmente absurdo esperar mejores resultados electorales forzando a los que no les interesa la política a que elijan.
Finalmente, el voto obligatorio ni garantiza eliminar la abstención ni mucho menos fortalece la democracia. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, países donde existe el voto obligatorio como México, Grecia, Paraguay o República Dominicana continúan teniendo una abstención aproximada del 37%, 36%, 33% y 30% respectivamente.
Adicionalmente, de acuerdo con el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, los países que cuentan con voto obligatorio y pueden compararse a Colombia en términos de desarrollo económico o de calidad de sus instituciones, en el mejor de los casos (Perú, Argentina o México) llegan a ser consideradas democracias defectuosas y en el peor (Ecuador, Honduras, Ecuador o Bolivia) se encuentran clasificados como híbridos entre autoritarismo y democracia.
En conclusión, la discusión en torno al voto obligatorio es lo que conoce en el mundo de las redes sociales como “la vieja confiable” cuando se pretende evitar debates de fondo o se busca proponer cualquier incoherencia para salir del paso.
De ninguna manera implementar el voto obligatorio ayudará a robustecer el ejercicio de la ciudadanía en Colombia, al contrario, incrementará el caudal electoral de aquellos políticos que ya controlan sus respectivas regiones y los legitimará al sumarle a sus haberes una mayor cantidad de votos. En definitiva, el voto obligatorio es una pésima propuesta.
JULIO CÉSAR MEJÍA QUEVEDO