El problema de contaminación del aire en las principales ciudades del país le quedó grande al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales. Ante el fracaso de la Rama Ejecutiva en su función de proteger la salud y bienestar de los ciudadanos, se hace necesaria la intervención del Congreso de la República. Esto en el contexto de la creciente polución en nuestros centros urbanos que genera cada año miles de muertes evitables y billonarias pérdidas. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación asociada con partículas microscópicas (el desafío en Bogotá y Medellín) representa el mayor riesgo ambiental para la salud de los habitantes del planeta.
El escenario, ya lo conocemos en Colombia y otros lugares del mundo, el desarrollo de normativa ambiental viene acompañado de férrea oposición por parte de los agentes económicos involucrados en los efectos que dicha normativa trae en términos de mayores costos de operación y limitaciones en algunas de sus prácticas. Tal es el caso para la polución del aire, cuya solución es función de requerimientos asociados con la calidad de los combustibles, así como de exigencias tecnológicas que se imponen a las fuentes que los utilizan.
Es cierto que dimos el primer paso por medio de la Ley 1205 del 2008, la cual obligó a Ecopetrol a la comercialización de combustible diésel de bajo contenido de azufre. Esto con el fin de reducir las descargas de material particulado provenientes de los vehículos alimentados con dicho energético y, más importante aún, para hacer posible la introducción de filtros de partículas, dispositivos que logran reducciones de emisiones superiores al 90 por ciento.
Igualmente cierto es que seguimos en deuda, desde hace cerca de una década, de dar el siguiente paso relacionado con la implementación masiva de dichos filtros, tecnología que representa la solución más costo-efectiva para mejorar el aire de nuestras ciudades. Esta claridad técnica y científica ha encontrado poderosa resistencia de los intereses económicos que se verían comprometidos, en particular de grandes firmas de fabricantes y exportadores de vehículos de carga pesada localizadas en Estados Unidos y México.
Increíblemente el Gobierno Nacional, amparado en argumentos de índole comercial y de cooperación internacional, ha privilegiado los intereses de ese tipo de compañías en detrimento de la salud de sus propios constituyentes. Es por ello que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) abandonó desde hace varios años sus gestiones para hacer obligatorio el uso de filtros en la flota diésel dado el sobrecosto que tales requerimientos implicarían para el comercio de vehículos de carga pesada.
Una prueba de esto es lo sucedido durante el año 2013, cuando la Universidad de los Andes lideró un estudio para el Mads enfocado a documentar los beneficios ambientales y sociales derivados de una nueva norma encaminada al uso obligatorio de los filtros en mención. A pesar de la información generada y del consenso internacional que existe alrededor de la relevancia de una decisión en tal sentido, el Gobierno Nacional optó por priorizar los tratados de libre comercio por encima de los beneficios derivados de una norma de emisiones más exigente.
Por estas razones Colombia se ha convertido en destino de buses y camiones que son ilegales en los países en que son producidos, dada su condición de tecnología obsoleta y peligrosa para la salud y el medioambiente. Esta disparatada realidad indica que las decisiones trascendentales en esta materia no pueden seguir en manos del gobierno de turno y requieren la intervención del órgano legislativo, esperando que se conviertan en políticas de Estado. Señores congresistas, necesitamos la ley de los filtros. ¡Ya!
EDUARDO BEHRENTZ
@behrentz