Seis semanas después de haber desatado toda un tormenta internacional, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este lunes una nueva orden ejecutiva, más mesurada y pragmática, que suspende por 90 días el ingreso al país de ciudadanos de seis países donde los musulmanes son mayoría.
La medida prevé, a su vez, un freno de cuatro meses a la inmigración de refugiados provenientes de estas mismas naciones.
La orden original no solo había desatado caos en aeropuertos y protestas en todo el país, sino una infinidad de demandas judiciales que terminaron bloqueando su implementación.
Particularmente, tras la decisión de una Corte de Apelaciones en California que le dio la razón a un juez del estado de Washington, según el cual la medida violaba los derechos de muchos ciudadanos y podía ser considerada como discriminatoria contra las personas de una religión.
El ‘Travel Ban 2.0’, como le dicen en EE. UU. a la orden recién presentada, previene el ingreso de ciudadanos y refugiados de Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Irak, que hacia parte de la lista original, fue excluido en esta ocasión, después de que el Departamento de Defensa como el de Estado le insistieron a Trump que Bagdad era un aliado clave en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico y que, por tanto, era necesario preservar esa relación bilateral. De hecho, Irak había amenazado con responder con un bloqueo similar para estadounidenses.
Como en la primera orden, el objetivo del ‘Travel Ban’ es desarrollar un mecanismo de control migratorio mucho más estricto que permita detectar a posibles terroristas, simpatizantes del terrorismo o criminales antes de su ingreso al país.
“No podemos comprometer nuestra seguridad nacional permitiendo el ingreso de visitantes, cuando en sus propios países el gobierno no puede o no quiere proporcionarnos la información que necesitamos para poder realizar una adecuada investigación de antecedentes”, dijo el fiscal general de EE. UU., Jeff Sessions, al explicar el razonamiento tras la decisión.
Tanto Sessions como otros funcionarios insistieron nuevamente en que no se trata de un veto contra una religión en particular, sino de países donde hay actividad terrorista.
A la exclusión de Irak se sumaron otras modificaciones que corrigen, en gran medida, varios de los aspectos que provocaron el caos y el bloqueo judicial de la original.
El más significativo de todos es que excluye del veto a personas de estos países que tengan en el momento una visa válida para ingresar a EE. UU.
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En la orden de enero se cancelaban hasta las llamadas green cards (tarjetas de residencia permanente). Este aspecto no solo fue cuestionado por lo arbitrario, sino porque dejaba por fuera del país a personas con este tipo de visado que ya vivían en EE. UU., pero se encontraban en el exterior cuando la medida fue expedida.
La nueva acción ejecutiva también establece que las restricciones solo comenzarán a aplicarse en 10 días y no de manera inmediata, como sucedió con la anterior. A partir de ese momento, dijeron funcionarios de la administración, abandonarán la querella judicial que habían entablado para defender la primera orden.
Igualmente, se eliminó una cláusula que permitía el ingreso de cristianos u otras minorías religiosas provenientes de estos países. La cláusula había desatado gran controversia, pues permitía inferir que la orden ejecutiva sí estaba diseñada para frenar el ingreso de musulmanes.
A pesar de las modificaciones, la decisión de Trump fue otra vez criticada por los demócratas y organizaciones proinmigración. “Los cambios que hizo la administración del presidente Trump no cambian el hecho de que esta orden ejecutiva restringe la entrada a EE. UU. para personas de ciertos países. A pesar de los cambios, esta peligrosa orden ejecutiva nos hace menos seguros, no más, es mal intencionada y va en contra de nuestros valores y el espíritu estadounidense. La orden debe ser revocada”, dijo Charles Schumer, líder de los demócratas en el Senado.
Lo más probable es que la medida, como sucedió con su antecesora, termine siendo demandada.
Pero, en esta ocasión, las cartas parecen favorecer a Trump. Eso, porque su equipo redactó la orden resolviendo las reservas que elevó la Corte de Apelaciones al tomar su decisión.
Por ejemplo, anexar cifras oficiales del FBI, según las cuales al menos 300 personas que ingresaron a EE. UU. a través del programa de refugiados están siendo investigados por terrorismo.
La Corte, al emitir veredicto hace algunas semanas, estableció que el Gobierno no había podido demostrar una amenaza para la seguridad nacional que justificara las medidas.
En cualquier caso, el ‘Travel Ban 2.0’ representa una derrota para un Trump que tuvo que dar reversa, pese a que rara vez admite culpas y de paso aceptar que su poder como presidente tiene límites.
Así mismo, porque la saga dejó en evidencia la falta de preparación de su equipo de trabajo al redactar un primer documento lleno de fallas estructurales que les terminó saliendo caro.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68