No es un juego. Se trata de un informe oficial de la Oficina de Asuntos Internacionales y Fortalecimiento de la Ley, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se hace mención a las Farc como la organización de tráfico de drogas más grande de Colombia.
El crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos en el país, el retorno a ese oprobioso podio global de las naciones con mayores extensiones de narcocultivos, las estimaciones, referidas por este mismo periódico, que indican que ya probablemente se han sobrepasado las 200.000 hectáreas; la destrucción ambiental y los ecocidios que implica este crecimiento, el doloroso retorno de la amapola a las tierras altas confirman la sucesión de errores cometidos durante la negociación del proceso de paz en materia de cultivos ilícitos.
Es el propio Departamento de Estado el que afirma que “las Farc impulsaron a los cocaleros, estimulándolos con la creencia de que la inversión y los subsidios oficiales de Colombia en el posconflicto se concentrarían en las regiones con la mayor cantidad de coca”.
Lo verdaderamente delicado detrás de toda esta estrategia es que el narcotráfico ha sido el gran motor de la violencia en Colombia. El gran financiador de la guerra. El detonante y la causa principal de muchas de nuestras mayores tragedias colectivas. Esa sucesión espeluznante de organizaciones criminales que han martirizado a los colombianos, desde el cartel de Medellín y el cartel de Cali, pasando por los paramilitares, hasta las ‘bacrim’ y las Farc, mantienen un único hilo conductor que se llama narcotráfico.
Esa es nuestra dolorosa historia reciente, marcada en sus últimas cuatro décadas por el narcotráfico, por los narcos, por los narcotraficantes, que han extendido sus tentáculos a narcopolicías, narcosoldados, narcomagistrados y narcoministros, narcopolíticos, narcopartidos y narcoparlamentarios, narcoguerrilleros y narcoparamilitares.
En esa franja tenebrosa terminaron siendo iguales las Farc y los paramilitares, financiando su guerra con el narcotráfico. Y terminan siendo iguales a las ‘bacrim’, a las mafias de distinto pelambre y a las mal llamadas ‘oficinas’, que no son más que carteles medianos del siglo XXI.
Este reporte debe obligar a las Farc y al Gobierno, si de verdad quieren que haya una paz sostenible, a concentrar su acción en desmontar toda la infraestructura narcotraficante de las Farc.
Las Farc, confirma este reporte, no eran solo una guerrilla. Tenían doble rostro: de guerrilla y de cartel. Mucho se ha hablado del desmonte de la guerrilla. Muy poco se ha avanzado sobre el desmonte del cartel. Aquí trataron de minimizar las dimensiones del aparato narcotraficante de las Farc. Si bien es cierto que resultaba necesario poner los reflectores en la tenebrosa minería ilegal, no lo es menos que las Farc, con la tolerancia de los negociadores y el Gobierno, nunca abandonaron el narcotráfico durante la negociación de paz, y ahora todos estamos pagando las consecuencias.
Ya se han evidenciado disidencias de las Farc en zonas donde eran reconocidos algunos frentes dedicados al narcotráfico. Muy difícil resulta para los colombianos entender que en el centro del proceso no se hubiera mantenido una exigencia de destrucción inmediata de todo el narcoaparato de las Farc. Ni siquiera hay inventarios confiables.
Las cosas en Estados Unidos cambiaron de manera drástica. La tolerancia con el narcotráfico será mucho menor. Por más proceso de paz que se haya firmado y se esté implementando, las exigencias para desmontar el narcotráfico serán crecientes. Gobierno y Farc no tienen otro camino. Llegó la hora de asumir en serio, sin máscaras, sin adornos, sin engaños, sin evasivas, sin comedias, sin mentiras, el desmonte de la estructura narcotraficante de las Farc y evitar que la asuman otras organizaciones criminales. Ojalá unos y otros lo entiendan. Ese plazo se agotó.
JUAN LOZANO