El Gobierno británico prometió a la Unión Europea que antes de finales de este mes enviará a Bruselas la notificación oficial para activar el artículo 50 del Tratado de la UE, el que estipula la salida de un miembro del bloque.
No obstante que la Cámara de los Lores enmendó el proyecto legislativo de activación del ‘brexit’ para garantizar los derechos de los más de 3 millones de europeos residentes en el Reino Unido, la primera ministra Theresa May prometió que lo activará en el plazo previsto.
Esa notificación abre un período de dos años en el que Londres, las instituciones europeas y las otras 27 capitales del bloque deberán negociar la salida y la futura relación británica con la UE.
Si no hubiera acuerdo, se produciría lo que se conoce como ‘brexit duro’, se romperían todas las relaciones actuales y los intercambios comerciales pasarían a gestionarse por las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Londres pretende salir del bloque y guardar los privilegios de su pertenencia a este. En los últimos meses, el Gobierno británico dijo a sus empresas que tendrán acceso al mercado europeo. Y a la vez, que limitará la inmigración de europeos al Reino Unido. Pero las normas europeas hacen que una promesa viole la otra, porque el acceso al mercado europeo conlleva el respeto a sus ‘cuatro libertades’ de circulación: de mercancías, capitales, servicios y personas.
Desde Bruselas, con el apoyo explícito de capitales como Berlín, París, Roma y Praga, ya se marcan las líneas rojas de la negociación. El presidente de la Comisión Europea dijo la semana pasada que “la factura del ‘brexit’ será muy cara” para los británicos.
Las instituciones comunitarias quieren que antes de negociar la relación futura, el Gobierno británico cumpla varios requisitos, como pagar una factura de salida que podría irse hasta los 60.000 millones de euros. Eso cubriría la parte proporcional británica de los presupuestos europeos hasta 2020, así como compromisos de pago y de créditos internacionales, entre otros el dinero para el fondo fiduciario para el posconflicto colombiano. La exigencia de ese pago une a los otros 27, porque lo que no pague Londres deberán pagarlo los demás.
Christian Odendahl, analista alemán del Centre for European Reform, de Londres, explicó a EL TIEMPO que, para Alemania, “la prioridad número uno es mantener la cohesión, integridad y unidad de la UE en 27”. Este analista considera que, aunque “no hay razones para castigar al Reino Unido, Alemania jugará duro en esta negociación porque Londres la plantea como una partida de póquer. Si los británicos muestran deseo de contribuir con la prosperidad y seguridad de Europa, Alemania estará más abierta a un compromiso”.
Más de la mitad de las exportaciones británicas van a los demás países de la UE. Eso, según explica Odendahl, hace que, económicamente, “el Reino Unido sea más dependiente de la UE que viceversa”. Los europeos, divididos en muchos otros asuntos, muestran en este una rara unanimidad.
Mientras las empresas británicas –o de terceros países instaladas en el Reino Unido– temen la instauración de barreras aduaneras y aranceles si no hay un acuerdo comercial, otros gobiernos, como el irlandés, buscan salida a su problema local. El ‘brexit’ volvería a obligar a levantar una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte –territorio británico–, separando de nuevo a la isla.
Escocia estudia, por su parte, celebrar un segundo referéndum de independencia en 2018, para, inmediatamente después –si gana la independencia–, pedir su adhesión a la Unión Europea.
Gran Bretaña quedaría, en ese escenario, reducida a una ‘pequeña Inglaterra’.
IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
En Twitter: @IdafeMartin
Bruselas.