Los años preelectorales han venido en dos variedades. En la mayoría de ellos, el Presidente en funciones acabó con el sol a las espaldas y bajos índices de aprobación, debido al natural desgaste del poder y a eventos dramáticos, como sucedió con la toma del Palacio de Justicia y el terremoto en Armero (Belisario), el proceso 8.000 (Samper) o el fracaso del Caguán (Pastrana). En estos casos, el Presidente se limitó a sobrevivir el último año como un ‘pato herido’ (‘lame duck’), su gobierno languideció sin iniciativas de importancia y los congresistas durmieron en sus curules más de lo acostumbrado.
En otros, los menos, hubo un resurgir de popularidad tras superar algún fracaso, como sucedió con Gaviria después del apagón y la fuga de Pablo Escobar. En esa oportunidad hubo una actividad legislativa intensa en el último año: la reforma pensional, el sistema general de preferencias, las leyes de servicios públicos y otras que desarrollaron la Constitución de 1991.
El último año de Santos será una mezcla atípica de estos dos casos. Tiene muy bajos índices de popularidad (en Colombia) y carga con el desgaste de una agria y estéril polarización política de 7 años con quien fuera su mentor y aliado político. El escándalo de Odebrecht ha generado dudas sobre la financiación de su campaña y puede afectar la ejecución de una de sus principales realizaciones: el programa de las 4G. A pesar de ello, Santos no será un ‘lame duck’, dedicado a lamerse sus heridas, como ocurrió con Belisario, Samper o Pastrana. Gracias al ‘fast track’, presidirá una frenética actividad legislativa para desarrollar el Acuerdo firmado con las Farc y un intenso accionar oficial para reinsertar a los exguerrilleros. En esto se parecerá más al final del gobierno Gaviria.
La naturaleza atípica de este año preelectoral tendrá consecuencias políticas. Ante la amenaza uribista de echar para atrás parte del Acuerdo, si su grupo gana las elecciones, Santos probablemente acudirá de nuevo a atizar la polarización, como hizo durante su campaña de reelección y del plebiscito. Tratará otra vez de enemigos de la paz a sus contradictores y promoverá una nueva ‘coalición por la paz’, como la que lo reeligió y como lo ha propuesto Humberto de la Calle. Es posible que esta estrategia les funcione nuevamente a los dos interesados en ella (Uribe y Santos), de modo que la elección se polarice entre quienes resulten ser sus favoritos y los demás candidatos se queden viendo un chispero.
Pero puede suceder que la mayoría de los ciudadanos, hastiada de ‘más de lo mismo’, y no queriendo otra elección más definida alrededor del orden público (que gracias al cese del fuego ya no suscita las mismas emociones), decida mirar en otra dirección. En tal caso, tanto el candidato del Centro Democrático ampliado (con Marta Lucía y Ordóñez) como los de la Unidad Nacional tendrán un triste desempeño y la segunda vuelta será disputada probablemente entre Vargas Lleras y Fajardo (aunque Petro puede acabar colándose en ella).
En este escenario, la contienda la definirían las propuestas en materia de control de la corrupción, educación e infraestructura, y, especialmente, la credibilidad de los candidatos frente a esos temas. Creo que este escenario es más probable que el otro; aunque quizás sea pensar con el deseo. Los colombianos nos merecemos doblar la página y comenzar a construir el futuro.
P. S. 1: por demás, este año atípico presenta un alto riesgo: el de la improvisación y contaminación electoral en el uso del ‘fast track’, como se advierte ya en los proyectos de reforma política y Jurisdicción Especial para la Paz.
P. S. 2: excelentes los nombramientos de José Antonio Ocampo y Gerardo Hernández en la junta del Banco de la República.
GUILLERMO PERRY
