Catastróficas las últimas encuestas de Yanhaas y de Gallup. Indican una descalificación del Presidente que no tiene precedentes en el país –ni siquiera en épocas del 8.000 o del fracaso del Caguán–.
Y no solo le va mal al Presidente. Sino que arrastra consigo a la Vicepresidencia y prácticamente a todas las instituciones que sostienen la vida en sociedad, cuyo tejido Santos ha desbaratado: Ejército, Policía, las ‘ías’ (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía), y la justicia, cuya favorabilidad ya está por debajo hasta de las Farc. “La corrupción nos arrebató la dignidad y respetabilidad que los colombianos queríamos tener como signos colectivos”, asegura el exministro y exmagistrado Hernando Yepes.
A Santos le quedan menos de 500 días de gobierno. Pero no lo acompañarán en ellos mayorías exultantes de gozo por la anunciada desmovilización de las Farc, sino unas que parecen inmersas en el desaliento y la desolación.
Es lo que en sicología se llama ‘desesperanza aprendida’, que consiste en que si alguien está programado para no creer, ya no importa cuántas verdades le digan porque no las creerá. Y al revés: si está programado para creer, va a seguir creyendo, no importa cuántas mentiras le digan. Ambos extremos son graves. Pero hoy los colombianos estamos en el primero. El 80 % considera que el país va por mal camino y el 71 % desaprueba el actual gobierno. Es difícil, por lo tanto, imaginar algo que pueda decir o hacer para que le crean.
Santos nunca gozó de especial popularidad. Pero sí se lo catalogaba como un mandatario por lo menos serio y responsable. Hoy, dos factores están horadando esas cualidades.
¿Qué tal lo de hacerse el que no sabía que su Ministro del Interior iba a imponer el voto obligatorio, a bajar el voto a los 16, a aumentar un año el período presidencial y a acabar la circunscripción nacional y las listas cerradas? ¿Quién va a creer que estaba absolutamente no enterado de que Cristo iba a cambiar las reglas de juego de las elecciones del 2018 sin contarle? Peor aún: el Ministro las está cambiando como precandidato para esas elecciones, lo cual complica más las cosas, porque sería una reforma ‘ad hoc’: para él. Pero, además, como dice el ex- alcalde Jaime Castro, casi todas las de Cristo son propuestas refritas que el país ya había discutido y desechado por inconvenientes. Sobre todo, nada tienen que ver con la ilegitimidad del sistema político, ni con el desprestigio institucional que muestran las encuestas.
Pero sí están creando generalizada indignación ciudadana, además porque nos las quieren embutir por ‘fast track’, y ese es el segundo factor que afecta la seriedad que se le adjudicaba a Santos. Esa vía legislativa exprés ya era muy debatible para implementar el desarrollo de los acuerdos de paz. Ahora resulta escandalosa por el abuso que el Gobierno quiere hacer con ella para sus necesidades políticas.
¿A qué presidente serio y responsable se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’? ¿Y luego despojar al pueblo de soberanía constitucional durante tres gobiernos? Solo al de una república bananera. Y, por lo tanto, les da munición a los que sostienen que Santos nos salió un presidente con mentalidad de ‘ley habilitante’, a lo Maduro, que se manifiesta en un exceso de poder presidencial, como se nota en la forma como viene manejando el proceso con las Farc (“como se me da la gana”) y lo que se está desprendiendo de él. ¿Y qué tal su recomendación de no darle un uso político a la paz, después de que el propio Santos se ganó su reelección y su Nobel con el abuso político de la paz? Por cosas como esas, la gente ya no le cree.
Aparentar que no sabe en qué andan sus ministros; el abuso del ‘fast track’; y el monopolio totalitario de la paz no atentan contra el carisma del Presidente, porque nunca lo ha tenido. Atentan es contra la seriedad y la responsabilidad que en alguna época se le abonaban como mandatario.
Se le acabó la confianza social, y a las instituciones les queda muy poco apoyo. Por eso, el legado Santos no pinta solo como una crisis de gobernabilidad sino, además, como una crisis institucional. Es el grito de alerta que envía la opinión pública a través de las encuestas.
Entre tanto... Lo dice el informe del Departamento de Estado de EE. UU.: la coca aumentó en el país porque el Gobierno bajó acciones para no confrontarse con las Farc.
MARÍA ISABEL RUEDA