El primer pulso entre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, y el nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quedó sobre la mesa este viernes, por cuenta de una polémica reforma que el Gobierno llevó al Congreso el año pasado y que según la Fiscalía “amenaza la seguridad ciudadana”.
Este viernes, durante una reunión con fiscales y funcionarios en Pereira, Martínez Neira aseguró que ese proyecto no le sirve al país y por lo tanto debía ser retirado del Congreso. “Necesitamos que las políticas legislativas no beneficien a los reincidentes y que estén en la calles haciendo de las suyas”, señaló el Fiscal General.
Específicamente, se refirió a un artículo que hace parte de un proyecto de ley que fue radicado por el saliente ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño, y que en su momento fue revelado por este diario.
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La iniciativa establecía que si una persona era capturada y llevada a audiencia cumpliendo todos los requisitos de ley, podría quedar en libertad inmediata si el juez consideraba que no iba a tener cupo en una cárcel que asegure reclusión en condiciones de dignidad. Esto, sin importar la gravedad del delito y, además, cuando en el país hay alarma porque peligrosos delincuentes que han logrado detención domiciliaria han sido capturados de nuevo en flagrancia.
“Le ruego en consecuencia al nuevo Ministro de Justicia (Enrique Gil Botero) que retire ese proyecto, porque es una amenaza a la seguridad ciudadana en Colombia”, señaló Martínez Neira.
Agregó que ese proyecto llevará a que los jueces ordenen la libertad de “los victimarios de todos los colombianos que están siendo asesinados por el delito en las calles”.
El Fiscal dijo también que el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente, no está de acuerdo con ese tipo de iniciativas.
Este viernes, consultado por este diario, el viceministro de Justicia, Carlos Medina, aseguró que el proyecto seguirá el trámite en el Congreso porque incluye medidas ordenadas por una sentencia de la Corte Constitucional.
Aún no ha tenido primer debate y, de hecho, podría hundirse por trámite.
Medina aseguró que el artículo del ‘cupo carcelario’, mencionado específicamente por el Fiscal, está virtualmente eliminado del proyecto por una solicitud que le extendió al Ministerio de Justicia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esto aún no se cumple porque no ha tenido ponencia. Así, en el texto oficial que está puesto a consideración de la Comisión Primera de Senado aún aparece.
“El artículo no obligaba al juez, pues si él veía que era necesario mandar al detenido a la cárcel lo podía hacer –dijo el Viceministro– (...) Discutimos el tema con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que preocupaba que esa disposición les sumara otra tarea a los jueces, que era ir a las cárceles a mirar si había cupos. De cara a esa observación decidimos quitar el artículo”.
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