El Gobierno se declaró el viernes “tranquilo” frente a los fuertes reparos expresados por 28 excomandantes del Ejército y exdirectores de la Policía sobre supuestos riesgos derivados de los acuerdos de paz para la seguridad nacional y los derechos de los miembros de la Fuerza Pública.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aseguró que aunque el Ejecutivo está dispuesto a analizar cada punto, la implementación de la Justicia Especial para la Paz –JEP– y de cada uno de los proyectos que desarrollan el acuerdo con las Farc ha sido hecha a conciencia.
“El tema con la Jurisdicción Especial para la Paz y el tema con los militares ha sido suficientemente tratado con la cúpula, con el Ministerio de Defensa. El Gobierno está totalmente tranquilo con los términos en que se encuentra hoy la ponencia para la plenaria del Senado”, aseguró el Ministro del Interior, quien dijo que los textos no abren espacio para interpretaciones equivocadas.
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Y reiteró: “Hemos actuado bajo un principio fundamental que es: con motivo del cierre del conflicto llegar a los máximos beneficios posibles jurídicos para las Fuerzas Militares, con la mayor seguridad jurídica. Es decir, cumpliendo con la legislación interna y con los estándares internacionales”.
La carta que fue radicada en Palacio el primero de marzo y que se dio a conocer el viernes, está firmada entre otros oficiales por el general Jorge Enrique Mora, quien hizo parte de la mesa negociadora en La Habana en representación de los uniformados.
Mora hasta ahora no ha salido a dar una explicación sobre la decisión de adherirse a la misiva, que revive la discusión sobre la seguridad jurídica para los militares que ya había sido agotada hace una semana después de varias reuniones con los generales retirados. De hecho, uno de los más críticos del proceso, el general Jaime Ruiz, actual presidente de Acore, había declarado públicamente que las explicaciones del Gobierno sobre los alcances de la JEP los dejaban satisfechos.
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El viernes, esas declaraciones quedaron sin piso. Los generales del Ejército y la Policía piden “la aplicación preferente del Código Penal Colombiano” y la “supresión de unos términos innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación de las reglas operacionales”, en referencia a las disposiciones sobre la responsabilidad penal derivada de la cadena de mando.
Uno de los firmantes, el excomandante de las Fuerzas Militares Manuel Bonnet Locarno, se quejó de que “mientras se consolidan los procesos de amnistía para los guerrilleros rasos se mantiene la persecución jurídica a los miembros de la Fuerza Pública. Hay más de 5.000 que continúan detenidos. Hay generales, hay soldados detenidos, investigados, y todavía no hay claridad sobre su situación”, aseguró.
Los generales retirados volvieron sobre otro temor que ya habían manifestado: la conformación del grupo de personalidades que debe elegir a los magistrados de la nueva justicia.
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Así, expresaron su “gran preocupación por la presencia en la Comisión que elegirá a los magistrados de la JEP de algunas personas, particularmente extranjeros, que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de Policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad (...), teniendo en cuenta su reconocido perfil y posición ideológica”. Aunque no los mencionan expresamente, la referencia es a los juristas internacionales Diego García-Sayán (peruano) y Juan E. Méndez (argentino). García-Sayán fue presidente de la CIDH.
Un punto que sorprende en la posición de los oficiales retirados es la presunta amenaza a la seguridad nacional derivada de la existencia de las zonas veredales transitorias en las que se cumple la concentración de las Farc.
Aseguran que hay un supuesto “interés manifiesto de las Farc por crear a toda costa zonas permanentes (...) para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectadas”. Incluso hablan de las ‘repúblicas independientes’ de la década de los 60.
Esto a pesar de que el cronograma del proceso señala que para el 31 de mayo esas zonas desaparecerán y que, además, hoy la seguridad perimetral y el control del orden público dentro de la misma zona sigue en manos de la Fuerza Pública, con coordinación del Mecanismo Tripartito de Verificación.
A los retirados tampoco les gusta la creación de un cuerpo especial de seguridad para proteger a los jefes guerrilleros desmovilizados que estará, según lo pactado en los acuerdos, conformado por antiguos miembros de las Farc.
Ese mecanismo ya se usó en los procesos de los años 90. “El monopolio de las armas es de la Fuerza Pública”, dijo el general (r) Rafael Samudio, quien fue ministro de Defensa. La carta pide que se creen “con carácter prioritario estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana”.
Niegan amnistía a guerrillero de las Farc
El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá negó el viernes la solicitud de amnistía que hizo el guerrillero de las Farc, Hernando Buitrago Martha, ‘Julián’, al considerar que era improcedente por ser postulado de Justicia y Paz y ser investigado por delitos de lesa humanidad como secuestro, homicidio, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado.
“No es destinatario de la ley. Su solicitud implicaría renunciar a Justicia y Paz, no se puede aplicar la Ley 1820 del 2016 solo por una parte, como es la libertad condicionada”, dijo el magistrado. El Tribunal también consideró que la defensa de Buitrago “no aportó medios de prueba suficientes para acreditar que debía concedérsele la amnistía de iure”.
Buitrago integró la columna ‘Teófilo Forero’ del Bloque Sur de las Farc y se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, desde hace 12 años.
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