En una reunión reciente en la cual conversamos sobre el estado actual de la economía colombiana, un extranjero caracterizó la situación con una expresión que parece resumir bien el ambiente que se respira: “falta alegría”.
El año empezó mal. El indicador de confianza de los hogares (Fedesarrollo), que mide la disposición a consumir, experimentó una fuerte caída en enero, alcanzando el nivel más bajo desde el 2001. Además, hay indicios de que las ventas de las grandes superficies fueron muy bajas en enero y en febrero.
El dato de la confianza de los consumidores cayó como un baldado de agua fría entre las autoridades por la correlación clara que existe entre confianza-consumo y crecimiento. A fin de cuentas, el consumo constituye el 65 por ciento del PIB. Lo que explica, en gran parte, la decisión de la junta del Banco de la República, el viernes pasado, de reducir la tasa de interés de intervención del banco en el mercado monetario. Ya el Gobierno, en un proceder muy típico de su accionar, había lanzado el programa Colombia Repunta, con miras a impulsar el crecimiento de la economía en el 2017, buscando que se acelere el ritmo de la producción con respecto al del año pasado, que fue de 2 por ciento.
Sobre la confianza de los consumidores y su ánimo de gastar influyó, obviamente, el incremento del IVA. Pero la depresión nacional seguramente está impactada por otros factores. Algunos dicen que el escándalo de corrupción que explotó a raíz de los sobornos de Odebrecht ha incidido fuertemente en el ánimo de las gentes, lo mismo que el temprano inicio de la campaña electoral por la presidencia de la República. Sobre todo porque se ha desprestigiado aún más la clase política y se ha perdido claridad con respecto al futuro.
El proceso de paz ha pasado a un segundo plano en la opinión pública, y son más las dudas con respecto a su implementación que el regocijo sobre su avance y sus consecuencias positivas. Algo que también sorprende a los extranjeros. Desde fuera del país, Colombia se ve con mucho optimismo, y quienes nos visitan esperan encontrarnos eufóricos y no deprimidos.
Ahora bien. El problema de la corrupción afecta el ritmo de la ejecución de los proyectos de infraestructura. Es apenas obvio. No se sabe cuándo se va a reiniciar la construcción de la Ruta del Sol 2, ni cuánto le va a costar al Gobierno. La recuperación del río Magdalena, que se iniciaba, según los planes, en el 2018, quién sabe cuándo comience a realizarse, si es que no se suspende del todo. A la fecha, falta el cierre financiero de 13 proyectos de las llamadas 4G. Y se calcula que, si no se ejecutan 5 billones de pesos en la infraestructura en este año, el PIB podría reducir su crecimiento en 0,4 por ciento.
Todo lo anterior hace que los inversionistas estén cautelosos y a la espera de ver cómo evoluciona el manejo de los problemas públicos y la política. Esta actitud es grave; si algo es cierto es que la economía requiere inversión porque la capacidad instalada tiene un alto nivel de utilización y, desde luego, para asegurar su crecimiento futuro.
Las buenas noticias son el precio del petróleo, alrededor de 55 dólares por barril, y la reducción del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que además se financiará sin mayor problema por los ingresos esperados de inversión extranjera directa. Es preocupante, sin embargo, que la tenencia de títulos de tesorería (TES) en manos de los extranjeros alcance ya un nivel de 35 por ciento porque, así como llegan estos fondos, de un momento a otro, también se pueden ir si, por ejemplo, nos rebajan la calificación del riesgo-país.
Es triste, pero no se puede recuperar la alegría con fuegos artificiales. El problema es más profundo.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ