Un juez federal en una corte de Washington dictó este viernes una sentencia de 16 años y medio de cárcel para el paramilitar Hernán Giraldo Serna.
Giraldo era el último entre el grupo de 12 jefes "paras" que fueron extraditados en el 2008 por el presidente Álvaro Uribe Vélez que aún no había recibido su sentencia en EE. UU., donde debió responder por cargos de narcotráfico.
Reggie Walton, el juez que tuvo a su cargo el caso, decidió contarle a Giraldo tanto los años de prisión en Colombia (dos años.) como los que purgó en una cárcel estadounidense (casi 9 años).
Es decir Giraldo, que ya se había declarado culpable ante esta misma corte, podría estar saliendo de prisión en unos cuatro años si logra recibir una rebaja por buena conducta.
La condena de Giraldo es muy similar a la que recibió 'Jorge 40' el año pasado (16 años) y la de Salvatore Mancuso en 2015 (15 años y 10 meses).
Entre todos los procesos de los paramilitares el de Giraldo fue uno de los más interesantes y, de alguna manera, también histórico.
A finales del 2015, una Corte de Apelaciones en Washington decretó que familiares de una víctima de Giraldo debían ser tenidos en cuenta en su proceso en EE. UU. por narcotráfico.
En su momento fue un desarrollo trascendental pues hasta ahora EE.UU. solo había procesado a narcotraficantes colombianos por delitos asociados con el tráfico de drogas más no por otros crimenes cometidos en el marco de esas actividades.
El caso llegó hace 6 años a la corte de Walton gracias el trabajo de Roxana Althoz, una abogada de la Universidad de Berkeley, que estaba representando a los familiares de Julio Henríquez, un activista y ex desmovilizado del M-19 que fue asesinado por órdenes de Giraldo en julio de 2001.
Su muerte fue aceptada por el propio paramilitar durante las audiencias de Justicia y Paz.
La abogada fundamentó su petición en el Acto para los Derechos de las Víctimas de Crímenes, una ley que aprobó el Congreso de EE. UU. y cuyo fin es reconocer derechos a las vícitimas de un crimen así no estén relacionadas de manera directa con el ilícito.
Henríquez había fundado la ONG Madre Tierra y promovía entre campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta un programa de sustitución de cultivos.
Por este asesinato el paramilitar ya había sido sentenciado en Colombia a 35 años de cárcel luego que sus propios lugartenientes reconocieran que Giraldo había ordenado ¨desaparecer¨ a Henríquez por entrometerse en los negocios de su jefe.
Inicialmente Walton había desechado la petición, dando la razón tanto a la defensa legal de Giraldo como al mismo gobierno de EE.UU., que se opuso a que se aceptara a las víctima dentro del proceso. Pero tuvo que recular tras la sentencia de la Corte de Apelaciones.
Gracias a ella sus familiares pudieron testificar en su contra este viernes durante la audiencia convocada para imponerla la sentencia.
Sus dos hijas, Nadiezdha Natazha Henríquez Chacin y Bela Juliana Henríquez Chacin, le describieron al juez lo mucho que sus vidas se habían visto afectadas por la muerte de su padre y le pidieron que hiciera justicia.
Su esposa, Natacha Chacin de Henríquez, sostuvo que la presencia de Giraldo Serna todavía se sentía en la zona de Santa Marta donde el paramilitarismo ¨sigue vivo¨.
Cuando el juez tomó la palabra agradeció el testimonio de las víctimas al aportar una visión real del impacto de las acciones del acusado.
Para Althoz lo más importante, a parte de la sentencia es que finalmente se comience a entender en EE,.UU el costo verdaderos de un narcotráfico que no solo se debe contar en kilos de coca sino en vidas humanas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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