Hace un mes, Elsy Marina Fernández emprendió acciones legales contra la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Cafesalud por retrasos que persisten en la autorización de un examen para que su hija, con leucemia linfoide aguda, pueda acceder a un trasplante de médula.
Según esta madre, luego de acudir el pasado 3 de febrero a una cita en Bogotá, el médico de la menor solicitó un examen de HLA para identificar cuál de sus parientes sería el donante de este tejido.
Sin embargo, un mes después, la EPS se niega a autorizar el procedimiento.
“Ahorita en marzo teníamos cita en Bogotá, pero cómo voy a ir por allá si no nos han hecho el examen y no tenemos resultados que el doctor necesita que llevemos, eso es lo que me tiene indignada”, aseguró mientras se mostraba sorprendida, pues nunca habían tenido inconvenientes con la EPS hasta el momento en que realizó la solicitud del trasplante.
A las demoras de este chequeo, se suma el retraso en la tercera quimioterapia hospitalaria que requiere la niña.
“Estoy al borde de la desesperación porque son más de 15 días en vueltas, y me mandan de un lado para otro sin darme respuesta. Mi hija necesita urgente ese trasplante de médula”, añadió.
Debido a esta situación, Elsy María se vio en la necesidad de imponer una acción de tutela, que el 21 de febrero le ordenó a Cafesalud conceder el examen a la paciente en un plazo máximo de dos días. No obstante, la familia no ha recibido respuesta por parte de la entidad.
Según Nury Villalba, directora de la Fundación Esperanza Viva, el tiempo que se ha tomado la EPS para resolver el caso de la menor “es crucial dado que se trata de un paciente en tratamiento oncológico para el que tres meses pueden significar un avance o por el contrario, una recaída”.
La vocera de esta organización aseguró que “son evidentes las barreras de acceso a algo que requiere con urgencia la menor, quien además tiene protección constitucional reforzada. A ella la protege la constitución, los derechos del niño, la circular 04 y las leyes 1388 y 1384 de 2010, luego esto es un abuso y vulneración a los derechos de los menores que no estamos dispuestos a permitir”.
Villalba añadió que en 2016 se presentaron 80 acciones de tutela por inoperancia de las EPS, y en lo que va corrido del año ya van 15 casos en los que se llega a esta instancia para que los menores reciban soluciones.
BUCARAMANGA
