El anuncio del cierre de una de las cinco estaciones de recarga de energía para los 37 taxis eléctricos que operan en la ciudad –de color blanco y azul– provocó un ‘choque eléctrico’ entre los propietarios de los automotores y Codensa.
La fecha de suspensión del servicio en el punto Praco-Didacol de la diagonal 47 con 77C, occidente de Bogotá, y que tiene cinco surtidores, está programada para el próximo 15 de marzo.
Por ahora, la decisión no tiene reversa y el argumento de Codensa, que presta ese servicio, es que se debe a temas logísticos, informó la compañía.
Mientras que el Distrito ratificó este jueves que el proyecto piloto de taxis eléctricos estará vigente hasta el 2022, como estaba establecido. La empresa que comercializa la energía dijo que quedan en operación cuatro estaciones de recarga, dispuestas con 38 puntos (surtidores) y una capacidad instalada para atender 308 vehículos al día.
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Sin embargo, mientras los taxistas dicen que no son suficientes, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, se mostró preocupado por el cierre y dijo: “Es lamentable porque creo que si se tuvieran más puntos (de recarga), sería más rentable y más fácil la operación”.
Esta decisión preocupa a este grupo de transportadores porque el pasado 30 de diciembre, la Administración Distrital derogó el Decreto 600 del 2015, que en su momento expidió la pasada administración y buscaba la masificación de los taxis eléctricos en la ciudad.
Este jueves, Bocarejo recordó que se derogó porque era un decreto “un poco iluso”, al pretender que a partir del 2017 ingresaran solo taxis eléctricos nuevos. Esto, porque la ciudad no está preparada para atender la carga y servicios de 3.000 o 5.000 taxis eléctricos.
Además, precisó que ese decreto era una “exclusividad” que, de paso, dejaba por fuera la posibilidad de otras alternativas de combustible homologadas por el Ministerio del Transporte, como el gas, entre otras posibles tecnologías.
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La función del Distrito, aclaró el funcionario, “no es privilegiar una tecnología en especial” porque “hay vehículos de gas, o muy limpios, con otros combustibles” y que, junto con los eléctricos, pueden tener cabida en la renovación de parque de taxis.
En su momento, el Decreto 600 del 2015 se expidió con el argumento de que los 51.000 taxis amarillos que para esa fecha circulaban en Bogotá emitían un millón de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
Esa carga contaminante corresponde a más del 9 por ciento de todas las fuentes móviles de transporte de la ciudad.
Los cálculos oficiales entregados para apoyar la masificación de los taxis eléctricos indicaban que un taxi amarillo emite cuatro veces más de CO2 que un vehículo particular.
BOGOTÁ