La mayor crisis financiera desde la Gran Depresión empezó a enseñar sus garras hace una década, cuando varios fondos del banco de inversión Bear Stearns que especulaban con hipotecas basura se derrumbaron incapaces de soportar las pérdidas.
Fue el inicio de una espiral que tomó cuerpo con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008 y que costó al sector financiero 321.000 millones de dólares en multas. Es el cálculo que acaba de publicar Boston Consulting Group en un informe donde analiza los riesgos que sigue afrontando la industria.
El total de las sanciones corresponde al uso abusivo que los grandes prestamistas hicieron con el dinero de sus clientes, empaquetando deuda insolvente, blanqueando dinero, manipulando el mercado o haciendo la vista gorda en transacciones con países sometidos a sanciones.
La suma de las multas equivale al producto interior bruto (PIB) de un país con las características de Sudáfrica, Israel o Dinamarca. Superaría cómodamente la riqueza que genera Irlanda, Finlandia, Portugal o Grecia.
De ese total de sanciones, 42.000 millones de dólares se pactaron en el pasado ejercicio 2016 e incluyen las reprimendas anunciadas al final del mandato del presidente Barack Obama contra Deutsche Bank y Credit Suisse.
Es un incremento de casi el 70 por ciento cuando se compara con las sanciones que se impusieron en el 2015, que fue un año relativamente tranquilo.
Las mayores multas se desembolsaron en el 2013 y el 2014. Se concentraron esencialmente en los bancos estadounidenses JPMorgan Chase, que salió al rescate de Bear Stearns, y Bank of America, que tuvo que hacerse cargo de los litigios legales de Merrill Lynch.
Gerold Grasshoff, uno de los autores del informe publicado este jueves, explica que los cambios en la regulación adoptados para impedir los abusos que llevaron a la crisis financiera forzaron a las grandes entidades globales a reconsiderar sus estrategias y operaciones.
Y anticipa que los costos asociados a un control mayor sobre la banca irán creciendo, “pese a los recientes desenlaces políticos en Estados Unidos”.
Boston Consulting Group se refiere a uno de los últimos decretos firmados por Donald Trump para que se empiece a revisar la Dodd-Frank Act, el conjunto de medidas legislativas que regulan el sector financiero en Estados Unidos.
La intención del presidente republicano es simplificarla para incentivar la concesión del crédito. Se trata, en cualquier caso, de un paso simbólico porque corresponde al Congreso enmendarla.
La consultora sí reconoce que los bancos europeos y los asiáticos serán los que estén bajo una mayor presión.
También indica que casi una década después de detonar la crisis, el sector financiero global no logró recuperarse plenamente de las pérdidas que sufrieron entre el 2009 y el 2015.
Calcula el beneficio económico actual –ganancia operativa, menos costos de capital– en 167.000 millones. Equivale al 18% de los activos.
Mientras que las grandes firmas financieras estadounidenses llevan ya tres años con ganancias, las europeas no lograron anotarse un solo ejercicio en positivo.
El incremento de la regulación, insisten los autores del informe, debe considerarse algo permanente, “no la crecida de un tsunami que retrocede”.
Eso forzará a la industria a ser más “efectiva”, “innovadora” y “eficiente” para poder sobrevivir.
SANDRO POZZI
Ediciones EL PAÍS, SL 2017