No siempre quienes hayan sufrido la privación injusta de su libertad deben ser indemnizados. Así lo estableció un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de hace dos años, cuando le negó al contralmirante Gabriel Arango Bacci la demanda en la que pedía 7.700 millones de pesos por los 17 meses que estuvo detenido.

La decisión del alto tribunal podría mermar los efectos de la demanda que interpuso Carlos Cárdenas por su detención injusta y señalamientos dentro de la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares, en el 2010.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, la familia Cárdenas pide una indemnización total de $ 2.127 millones. Esto incluye, entre otros ítems, el pago de 748 millones por los gastos de su defensa, entre los que se destacan 580 millones para la oficina del exfiscal Mario Iguarán, que logró que fuera absuelto.

También reclaman los perjuicios por la “privación injusta de la libertad” –42 días–, que tasan en 442 millones de pesos.

¿Qué dice el fallo?

Según la decisión del caso Arango Bacci, “el daño ocasionado con la privación de su libertad no puede ser considerado especial, ya que la imposición de una medida de aseguramiento cumple con los requisitos prescritos por la ley”.

Y agrega que la Fiscalía contaba con los presupuestos que establece la Ley para detenerlo y nunca lo puso en una situación más gravosa frente a otros procesados, ya que en su caso se aplicó el principio de igualdad.

El fallo es clave no solo para la reclamación de Cárdenas, sino para otras que hacen tránsito contra la Fiscalía por más de 37 billones de pesos. Arango Bacci apeló la decisión ante el Consejo de Estado, que de hecho fijó límites en el 2014 para este tipo de indemnizaciones.

Según esa reglamentación, por una retención inferior a tres meses, como la de Cárdenas, los topes son de 35 salarios mínimos. Y la defensa de Cárdenas pide 200 salarios mínimos.

Por ahora, la Fiscalía se abstuvo de conciliar y según la defensa de Cárdenas, los voceros del ente acusador dijeron que fue la Judicatura la que avaló la decisión de detenerlo.

Cárdenas también está pidiendo que le paguen por el daño a la reputación que sufrió, por su rehabilitación física y psicológica, así como por los costos del reingreso a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes.

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