El problema de movilidad que comenzó hace más de un año y en el que se han visto afectadas por lo menos 400 familias residentes en los límites entre Paipa y Duitama podría llegar a su fin.
Todo comenzó con la medida que prohibió el año pasado que el transporte urbano de Paipa ingresara a Duitama a recoger pasajeros y que el de Duitama hiciera lo mismo en jurisdicción de Paipa.
“Dijeron que tanto las colectivas urbanas de Paipa como de Duitama violaban las normas de tránsito, que no podían recoger ni dejar pasajeros en zonas que no eran de su jurisdicción”, señaló Dionisia Molano, presidenta de la Veeduría Ciudadana de Paipa.
Pues bien, aunque los dos retornos fueron construidos, uno en jurisdicción de Paipa y otro en jurisdicción de Duitama, los buses de transporte urbano se ven obligados a mantener las puertas cerradas hasta llegar a los límites entre ambas poblaciones en donde pueden dejar o recoger a los pasajeros.
“Dejan a la gente en ‘la dichosa frontera’ ese lugar en el que no hay paraderos y quedan expuestos al sol, al agua, al peligro”, dice la veedora.
Por eso el año pasado la comunidad se unió para recoger firmas y presentar una acción popular que terminó en el Tribunal Administrativo de Boyacá que acaba de programar una audiencia de pacto de cumplimiento.
Está prevista para el 13 de marzo a las 9:30 de la mañana y hasta allí se espera llegue el Ministerio Público, los alcaldes de Paipa y Duitama, personeros, comunidad y veedores para buscarle una solución.
“Esperamos que las entidades puedan hallar una solución y le pongan fin al proceso; que las entidades demandadas cumplan con las normas jurídicas y que se supere la violación a los derechos colectivos”, dijo el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.
Entre tanto la comunidad afectada de las veredas Romita, Cruz de Bonza y Caños, de Paipa; y Las Vegas, Santa Clara y San Lorenzo, de Duitama, entre otros, piden que les sea respetado el derecho a la libre movilidad y “que se autorice una ruta de influencia entre Paipa y Duitama”.
