'Bailando en una pata' están los mineros marmateños, según el alcalde Julio Vargas Chica, con la decisión que tomó la Corte Constitucional a favor de exigir una consulta a las comunidades del sector sobre la explotación de oro en el cerro El Burro.
El fallo de la sala séptima de ese tribunal cierra un viejo conflicto entre la multinacional minera Gran Colombia Gold, un Goliat con actividad en la parte baja de la montaña, y los pequeños mineros artesanales y tradicionales que se ubican más arriba, pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas.
La compañía es la misma que recién demandó al Estado colombiano por 700 millones de dólares (cerca de 2.053 millones de pesos) por la supuesta “invasión” de sus títulos en Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia), además de las pérdidas que ha sufrido por atentados terroristas cometidos por el Eln.
Para el mandatario local, el fallo de la Corte sobre la titulación minera en la parte alta del cerro “era algo que se estaba esperando hace mucho tiempo y era lo que debería haber hecho el Gobierno Nacional, primero la consulta previa para estas etnias”.
Cuatro mineros pusieron la tutela con el acompañamiento de la Personería local contra una resolución que ordenaba desalojar 68 minas, de las que dependen unas 4.000 personas, de la parte alta que supuestamente interferían con el título de Gran Colombia. Alegaban sus derechos colectivos a decidir sobre el territorio y un decreto de 1954 que les confería la explotación del cerro.
En primera y segunda instancia, les negaron sus pretensiones. Pero la tutela pasó a revisión de la Corte Constitucional, donde los magistrados Jorge Pretelt y Luis Ernesto Vargas encontraron válidos los argumentos de los mineros tradicionales.
No obstante, una primera sentencia emitida en el 2015 a favor de la comunidad marmateña, la T-438, fue luego anulada por una falla de procedimiento, al no haber sido notificada ninguna de las partes interesadas. Esto obligó a revisar de nuevo la tutela y hacer una visita de inspección a la zona.
Este proceso culminó en el fallo de este martes. “Se hace justicia. Una vez más, reiteramos que esta población afrodescendiente e indígena ha sido atropellada por las políticas del Gobierno Nacional frente a la cesión de los títulos mineros”, declaró el expersonero Wilson Castro, que acompañó el caso desde el principio.
El abogado también explicó que el fallo original de 2015 era “amplio” en su alcance y toca temas como la seguridad y formalización laboral de los mineros de la zona y daba un plazo de tres meses al Estado para solucionar algunas de las problemáticas que tienen en este sentido.
De igual forma, Castro reconoció que esto podría tener variaciones en la nueva decisión, por lo que hay que esperar que se conozca el texto completo de la sentencia, que fue aprobada con cinco votos a favor y tres en contra.
Periodistas de EL TIEMPO y PORTAFOLIO, diario económico de esta Casa Editorial, se comunicaron con voceros de la multinacional para conocer su reacción a la noticia. Sin embargo, la respuesta fue que la empresa no se pronunciará hasta estar notificada de la decisión.
Propuesta de la Gobernación
Desde hace varios meses, la Gobernación de Caldas viene trabajando con la Agencia Nacional Minera y los congresistas del departamento la posiblidad de presentar un proyecto de ley que establezca normas especiales para la titulación minera en Marmato.
"Es un caso único en Colombia, donde la historia se enfrenta con la sociedad moderna y deberá tener unos mecanismos de solución diferentes a los que hoy están contemplados", explicó el gobernador encargado Ricardo Gómez Giraldo.
La idea es reformar el Código Nacional Minero de modo que en este municipio se reviva la titulación por cotas, de modo que se resuelva la superposición que hoy existe en el cerro El Burro de ese municipio.
"Es un momento para que el Estado construya unas normas unas normas mucho más pensadas para la convivencia de la minería artesanal con la minería a gran escala, para la formalización de los mineros y, sobre todo, para construir un diálogo social", agregó el mandatario departamental.
La inciativa, que se conoce como 'Ley Marmato', no cuenta todavía con el visto bueno del Gobierno Nacional que no ha querido pronunciarse hasta conocer el proyecto completo que se presente al Congreso de la Repúblico.
MANIZALES
