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La muerte de Colmenares la podrían pagar todos los colombianos

Carlos Cárdenas exige una indemnización de más de 2.000 millones de pesos.

Horas antes de conocerse el fallo que absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares, delegados de la Fiscalía estaban sentados negociando con la defensa de Carlos Cárdenas, uno de los primeros sospechosos por la muerte de Colmenares.
Los abogados del joven, en cabeza del exfiscal Mario Iguarán, estaban notificando una millonaria demanda contra la Nación-Fiscalía, por lo que consideran que fue una detención arbitraria a Cárdenas, quien fue exonerado dentro del proceso.
Sin embargo, ese día, la Fiscalía se negó a llegar a una conciliación y ahora tendrá que afrontar una demanda administrativa que, de salir adversa, tendrá que pagar el país.
EL TIEMPO conoció que la defensa de la familia Cárdenas pide una indemnización total de 2.127'759.000 de pesos. Esto incluye el pago de 748 millones por los gastos de su defensa, entre los que se destacan 580 millones para la oficina del exfiscal Mario Iguarán.
Por daño moral, los abogados piden 147 millones de pesos para Cárdenas (200 salarios mínimos), así como cerca de 74 millones de pesos (100 salarios mínimos) para cada uno de sus familiares: su padre, su madre y sus dos hermanas.
Por daño reputacional, la defensa busca que Cárdenas reciba más de 737 millones de pesos (1.000 salarios mínimos) y que los cuatro miembros de su núcleo familiar obtengan 74 millones cada uno.
En la demanda, los abogados de Cárdenas también piden que se asuma el costo de la “reanudación del proyecto de vida de Cárdenas”, es decir, retomar su carrera de ingeniería en la Universidad de los Andes, donde cada semestre vale más de 15 millones de pesos.
Además, exigen el pago de costos de rehabilitación “física, psicológica y psiquiátrica total de la víctima directa y de su núcleo familiar”. Y por último, quieren un “acto público de desagravio”.
Los argumentos
La defensa de Cárdenas considera que la Fiscalía es responsable por el tratamiento que se le dio al caso, “tanto en lo procesal por falta de pruebas como por la excesiva exposición mediática y la falta de objetividad”.
Demandan por “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, “error jurisdiccional”, así como “privación injusta de la libertad”.
"Fue encarcelado junto al violador de Rosa Elvira Cely, truncó su carrera profesional en los Andes y quedó en la 'picota' pública", le dijo a EL TIEMPO un allegado de Cárdenas.
En la demanda se dice que Cárdenas fue privado "injustamente de la libertad, amén de que él y su nucleo familiar sufrió daños por el error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia".
Su proyecto de vida, señala en otro fragmento, "se vio truncado de manera abrupta, no por el hecho de que hubiera tenido que asumir el proceso, sino por la excesiva e innecesaria exposición mediática que las entidades convocadas, particularmente la Fiscalía general de la Nación, le dieron al caso".
La defensa de Cárdenas argumenta además que la exposición en medios de comunicación le trajo problemas con los vecinos, la cancelación de su visa a Estados Unidos, la anotación en la base de datos de Interpol y hostigamientos en redes sociales.
Dice también que la familia de Cárdenas tuvo que comprar una camioneta blindada y organizar un esquema de seguridad. A los Cárdenas, además, según la demanda, les tocó vender un vehículo Chevrolet Grand Vitara y un apartamento en el Conjunto Residencial Bosques del Salitre en el occidente de Bogotá.
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