Sesenta países del mundo mantienen la pena de muerte en sus legislaciones. Treinta y dos naciones siguen imponiendo esa sentencia a todo aquel que cometa el delito de narcotráfico. China, que acaba de ejecutar al colombiano Ismael Enrique Arciniegas –homónimo del poeta que escribió “y gritar quise en mi cruel angustia, / pero en los labios espiró mi grito”–, es uno de los más estrictos a la hora de aplicarla. Arciniegas, un caleño de 74 años, estuvo preso desde el 2010 por haber llevado casi cuatro kilos de cocaína a cambio de 5.000 dólares: pasó los últimos años de su vida atado con una cadena a una de las patas de una cama y comunicándose cada tanto con su familia.
Cuenta su hijo que sus últimas palabras, escalofriantes y reveladoras, fueron las siguientes: “Me voy feliz, me voy al cielo a reunirme con los demás familiares que han fallecido. La vida es una comedia, y esta comedia se acabó. Doy gracias a Dios por la familia que me permitió tener. Mucha tranquilidad. Bendiciones, me voy al materile”. Esto dijo el condenado, media hora antes de morir, en una llamada telefónica que fue la única clemencia que pudo conseguir la Cancillería colombiana. Jamás se sabrá si esa muerte fue un horror o un alivio. Pero puede servir para reconocer que cada país tiene una cultura y tiene una justicia, y que, por duras y contrarias que sean, resulta fundamental respetarlas.
Puede servir el final sin gloria de Arciniegas para recordar que en nuestra Constitución se prohíbe la pena de muerte (“el derecho a la vida es inviolable –dice el texto–, no habrá pena de muerte”), y que ello no es por nada, sino por darle a nuestra sociedad el propósito de librarse de la violencia como método de resolución de los conflictos y la ilusión de que los delincuentes tengan el deber y asuman la oportunidad de reparar a sus víctimas.
Este lunes, mientras se difundía la noticia de la ejecución, cientos de lectores volvían una vez más a pedir la pena abolida en 1910. Pero seguimos siendo esta cultura que aspira a su reparación. Lo que debe ser es que impere la justicia, que se aplique bien la que tenemos.
editorial@eltiempo.com