En medio del escándalo de los sobornos de la empresa Odebrecht a señorones del establecimiento colombiano, tanto del sector público como privado, y del debate para la pronta implementación del Acuerdo Final de La Habana, se agudizan las contradicciones entre quienes propugnan la paz y los que se empecinan en continuar la guerra fratricida. Estos últimos, desde dentro y fuera del Gobierno y desde dentro y fuera del Estado, atraviesan todo tipo de obstáculos para entorpecer el ánimo constructivo que reina en el país para concretar los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-Ep y para avanzar en Ecuador en los diálogos con el Eln.
Las Farc-Ep, hay que decirlo con franqueza y sin vacilación, han cumplido el pacto de La Habana. Pese al retraso en la implementación, sus combatientes no detuvieron la marcha hacia las zonas y puntos de transición y normalización donde deberán iniciar la dejación de las armas y el tránsito hacia un partido político legal y democrático, mientras en el Congreso se aprueban las leyes, actos legislativos y disposiciones para desarrollar el Acuerdo Final de La Habana.
El acuerdo fue el punto de llegada de casi cuatro años de discusiones entre las partes, con participación de la sociedad civil en los foros temáticos y la consulta permanente del Ejecutivo con los otros dos poderes públicos y con los representantes de los gremios y del poder económico. Amén de que el resultado adverso del plebiscito de refrendación del 2 de octubre obligó a nuevas consultas y a incorporar en el nuevo acuerdo, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional en esa eventualidad, varias de las propuestas e inquietudes de los promotores del ‘No’, de los magistrados de las cortes y del Fiscal General de la Nación.
Firmado y refrendado, el nuevo acuerdo no admite más discusiones ni modificaciones, porque de lo que se trata es de darle luz verde a su implementación. Lo que debe entenderse es que por la vía de la reglamentación del acuerdo no es posible la contrarreforma como es usual en Colombia, tal y como sucedió con la Constitución de 1991.
La paz es un bien supremo, y a ello se deben no solo los funcionarios del Gobierno Nacional, sino también los agentes del Estado, sin excepción. La actitud de saboteo del fiscal Néstor Humberto Martínez es incomprensible, y no le queda bien ser el heredero de las camorras y tropeles del anterior procurador general de la Nación. No ayudan tampoco iniciativas antipopulares del Gobierno como la ley de Zidres y la reforma tributaria.
Lo cierto es que hay bastante lentitud en la implementación y el Gobierno debe ser más diligente, además de organizar su fuerza parlamentaria, que actúa con dispersión y al viejo estilo de la politiquería y de la ‘mermelada’. El acuerdo de paz es el hecho histórico más importante en el país en mucho tiempo: no solo le puso punto final a la confrontación con las Farc, sino que abre la posibilidad de cambios de fondo en el país a mediano y largo plazo. Es lo que genera resistencia en los caballeros de la inercia, en la derecha recalcitrante negada a la verdad histórica y a la reconciliación nacional.
Es oportuna la convocatoria de varias de las organizaciones que estuvieron comprometidas con el ‘Sí’ a un Congreso Nacional por la Paz, para defender el acuerdo de La Habana, respaldar los diálogos con el Eln y buscar una alternativa que permita construir un nuevo país, con democracia renovada y cambios sociales de cara al 2018.
CARLOS LOZANO GUILLÉN
* Director del semanario ‘Voz’
