La Corte Constitucional ordenó que se realice una consulta previa con las comunidades de Marmato (Caldas) para permitir la explotación de recursos naturales en esa zona a través de la multinacional Gran Colombia Gold.
Al revisar una tutela de Orlando de Jesús Ramírez Rincón y otros integrantes de la comunidad, la Corte decidió darle la razón en que se debe tener en cuenta las tradiciones culturales de la comunidad étnica asentada en la zona, que además vive de la mibería artesanal, por lo que se debe llegar previamente a un consenso con esta población antes de continuar el proyecto.
La ponencia que favorecía a las comunidades era del magistrado Luis Ernesto Vargas, quien precisamente hoy termina sus 8 años de periodo en el alto tribunal y quien se caracterizó por presentar ponencias a favor de la consulta previa en la mayoría de temas de minaría que llegaron al alto tribunal durante su periodo.
En el año 2012 se realizó en Marmato un censo minero por las múltiples problemáticas asociadas a esa práctica. Dicha caracterización arrojó que en Marmato había para entonces más de 500 minas y en menos del 3 por ciento había pozos sépticos. Ninguna tenía sistemas de ventilación adecuados y la mayoría de los mineros, unos 2.900, trabajaban de manera artesanal, sin las medidas higiénicas ni de seguridad esperadas. Muchos de los problemas que aún hoy se mantienten.
En el 2015 la Gran Colombia Gold, compañía canadiense que adquirió la mayoría de títulos mineros en el municipio, anunció que la producción anual de oro en la mina subterránea de Marmato aumentó 24.116 onzas en el 2014, cerca de 2.000 más que las que había logrado sacar el año inmediatamente anterior.
