Las presuntas irregularidades detectadas por investigadores del CTI sobre un convenio por 5.411 millones de pesos firmado con la Corporación Red País Rural tiene a ocho exfuncionarios del gobierno de Alan Jara ad portas de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio.
O, en el mejor de los casos, una medida no privativa de la libertad que los mantenga alejados del ejercicio de cargos públicos.
La solicitud la hizo el lunes ante un juez de garantías la Fiscalía 19 seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, en audiencia pública. El despacho fijó que el 16 de marzo se pronunciará al escuchar a todas las partes.
“Como servidores públicos ustedes son un peligro para la sociedad, no actuaron en deber del interés general, sino por amiguismos, un convenio a dedo, con redireccionamiento, con estilo sastre, a la medida del contratista”, afirmó el fiscal en la audiencia para soportar la petición.
No obstante, la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento en prisión al considerar que primaba la presunción de inocencia. “A la Fiscalía no le interesa llevarlos a la cárcel, pero sí le interesa que no sigan en el servicio público”, dijo el fiscal del caso.
En la misma audiencia la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.
Ninguno de los implicados aceptó los cargos.
Los exfuncionarios de la pasada administración que quedaron vinculados al proceso son Daniel Santiago Salazar Uribe, exsecretario de Desarrollo Agroeconómico; Carlos Humberto Osorio Monroy, (privado); Luz Estela Casasfranco Vanegas, (Jurídica), Hernando Martínez Aguilera, exsecretario de Planeación y hoy secretario de Víctimas del Gobierno de Marcela Amaya.
Sobre la imputación, Martínez Aguilera la rechazó tajantemente y dijo que esperaba que los abogados logren demostrar que la solicitud de medida no estaba fundamentada.
Carlos Humberto Osorio dijo que “el fiscal no tenía razón”, pero se abstuvo de profundizar sobre los señalamientos mientras que Daniel Santiago Salazar no quiso hablar del tema.
La Fiscalía anunció ayer que como prueba contaba con una entrevista realizada a Claudia Cecilia Rodríguez Murcia, directora financiera de la Corporación Red País Rural, así como con el cruce de correos electrónicos que comprometerían a los implicados.
Además, según el ente investigador, se habría generado el pago de coimas entre 500.000 y 5 millones de pesos, así como un afán desmedido para finiquitar el convenio antes de que terminara el 2013.
Con la imputación de cargos también quedaron vinculados Carlos Emilio Romero Gómez, exasesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; Vladimir Sierra Martínez, exjefe de la Oficina de Asuntos Contractuales y actual secretario Jurídico de la Gobernación; Francy Nayibe Umaña, exgerente de Tesorería de la Gobernación, y John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio. Fredy Vargas Ramírez, contratista y representante legal de la Corporación Red País Rural, no asistió.
El 13 de diciembre de 2013 el entonces secretario de de Desarrollo Agroeconómico Daniel Santiago Salazar Uribe firmó el convenio 1317 del 2013 con Fredy Vargas Ramírez, representante legal de la Corporación Red País Rural.
El fin del convenio era fortalecer el montaje de procesos agroindustriales en el Meta para los sistemas productivos de cacao, frutales, café, lácteos, caña panelera y banco de maquinaria.
Según el ente investigador el convenio se firmó con una fundación que no tenía liquidez, pero que además estaba sancionada. La Fiscalía reveló en la audiencia que el convenio no se cumplió y, además, que los responsables hicieron un desembolso de 405 millones de pesos.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS
