A uno de los retos más trascendentales en sus 26 años de historia –avalar o rechazar la exequibilidad de las normas de paz aprobadas por el Congreso vía 'fast track'–, la Corte Constitucional llega en medio de una coyuntura compleja: la salida definitiva de cuatro de sus nueve magistrados.
Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio estarán hasta hoy en sus sillas. En abril se irá María Victoria Calle. Se trata de tres de los más destacados miembros de ese tribunal, quienes, con sus sentencias y su actitud valerosa frente a los hechos de supuesta corrupción que salpicaron a la Corte, dejan una muy alta vara para sus sucesores. La silla del polémico magistrado Jorge Pretelt, señalado protagonista del escándalo, está en manos de un reemplazo, pero también en abril la vacancia será definitiva por cumplimiento de periodo.
La elección de los magistrados de las altas cortes es uno de esos procesos trascendentales para la democracia colombiana. Pero lo es mucho más la de los miembros de la Constitucional, que tienen la misión de salvaguardar el espíritu democrático, diverso e incluyente de la Carta de 1991.
Por esto, y frente al histórico momento que se vive con el proceso de paz con las Farc, es de esperar que, en la medida de lo posible, por las decisiones que se tomen frente a él respondan magistrados titulares –esto es, ternados por el ente nominador correspondiente y elegidos por el Senado– y no juristas que, más allá de sus pergaminos, que los tienen, carecen del aval democrático que brinda la elección en propiedad.
Todo esto, para recoger el llamado que en el foro de la Corporación Excelencia en la Justicia hiciera este lunes el magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional, para que sus pares de la Corte Suprema cumplan con la obligación de ternar ante el Senado a los reemplazos de Vargas y Palacio.
El proceso de selección empezó el año pasado y, contra los intereses del país, se ha prolongado por meses, a tal punto que fue necesario designar magistrados interinos en tanto se elige en propiedad. Así, la ponencia sobre la ley de amnistía, la primera aprobada por la vía rápida en el Congreso, estará en manos de José Antonio Cepeda, magistrado auxiliar de Luis Guillermo Guerrero y quien asume el lugar de Luis Ernesto Vargas mientras dure la interinidad.
Si algo ha golpeado en los últimos años la imagen de la justicia, es el enrevesado proceso que se ha dado, especialmente en la Suprema, para cumplir las funciones electorales que le ha asignado la Constitución. Pero es hora de cambiar la imagen de que se mueven en esas salas intereses no tan claros.
La magistratura es un honor al que solo deben llegar los mejores. Lo que esperan los colombianos es que los miembros de la Corte escojan entre los postulados a los seis mejores, para que de ellos salgan los dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional que debe elegir el Senado.
Lo propio debe hacer, en abril, el Ejecutivo frente a los reemplazos de Calle y Pretelt, pues de lo que se trata es de espantar el fantasma de la interinidad, que tanto daño ha causado cuando se enseñorea en los más altos escenarios de la justicia colombiana.
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