¿Sabía usted que, después de Cúcuta, Cartagena es la ciudad con la segunda tasa de incidencia de la pobreza monetaria entre las quince principales ciudades del país?
¿Y que es la tercera ciudad entre las trece principales del país con el PIB por habitante más alto, superada solo por Bogotá y Bucaramanga?
¿No le parece paradójico e inconsistente que convivan en la ciudad del turismo, de los festivales y de los congresos la pobreza con la riqueza?
¿Y no le parece absurdo que los colombianos estemos tan mal informados de la situación social de Cartagena y tan bien enterados de la ‘vida social’ en Cartagena?
Las cifras, que hablan por sí solas, son aterradoras. Un trabajo publicado en la revista de la Universidad Tecnológica de Bolívar y escrito por dos académicos, Jhorland Ayala y Adolfo Meisel, describe descarnadamente, con base en una serie de indicadores socioeconómicos, la dramática situación de pobreza y cobertura de servicios públicos en Cartagena. A esta hay que añadir la vulnerabilidad ambiental de la población de menores ingresos, que es la que habita en los barrios con una mayor proporción de individuos afrodescendientes (Ayala, Jhorland y Meisel, Adolfo, ‘La exclusión en los tiempos del auge: el caso de Cartagena’, Economía y Región, Cartagena, diciembre de 2016).
Mientras el promedio de la población pobre en las 13 ciudades es 15,4 por ciento, en Cartagena la cifra es 26,2 por ciento. En 2015, la ciudad presentaba, además, uno de los más altos índices de pobreza extrema. A su turno, la desigualdad en la distribución de los ingresos de los hogares está por debajo del promedio de las principales ciudades, aunque es la quinta en el país con el mayor coeficiente de Gini entre las trece principales, después de Bogotá, Pasto, Medellín y Cali, que son más desiguales. La cobertura de servicios públicos en Cartagena está por debajo de la promedio de las 13 ciudades y es especialmente crítica en acueducto y alcantarillado. Según el estudio, “la cobertura solo es mejor en el acceso a gas natural, pero en los demás servicios es la segunda con la menor cobertura”.
En términos sociales, en Cartagena no hay nada que sorprenda. Es una ciudad en la cual los ingresos monetarios de sus habitantes son muy bajos y la informalidad laboral, muy elevada. De hecho, “a pesar de ser considerada una de las urbes con el mayor costo de vida del país, por su característica de ciudad histórica y turística (...), el ingreso laboral esperado de un empleado en Cartagena fue un 20,3 por ciento más bajo que el de una persona comparable en Bogotá” (...)”.
En contraste, existen ciudades como Medellín, Villavicencio y Bucaramanga, que no registran un menor ingreso laboral que Bogotá, lo que da indicios de que estas ciudades tienen mejores oportunidades laborales para sus habitantes”.
La informalidad laboral es enorme, 55,3 por ciento frente a 48,1 por ciento, que es el promedio de las 13 ciudades y la segunda más alta entre las seis ciudades más grandes del país. Y, dentro de Cartagena, la población afrodescendiente cuenta con ingresos hasta un 32 por ciento más bajos, en promedio, que los no afrodescendientes por sus débiles indicadores de educación, en comparación con el resto de cartageneros.
El bajo nivel educativo de la población explica en buena parte la pobreza en Cartagena: solo el 13,6 por ciento de los jefes de hogar cuentan con educación universitaria completa frente al 25,2 en Pasto. No es de extrañar, como lo afirma el trabajo de Ayala y Meisel, que la pobreza, la desigualdad, la carencia de servicios públicos y la falta de educación hayan “dado origen al fenómeno de turismo sexual y turismo sexual infantil” y que los homicidios por cien mil habitantes hubieran pasado de 18,5 en 2008 a 27,3 en 2015.
En este último año, el mayor número de homicidios se registró en aquellas zonas en donde vive la población afrodescendiente, que coincide con la más vulnerable de la ciudad. Esta relación fue confirmada por los datos del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed) y por Cartagena Cómo Vamos, que encontraron que en 2008 la correlación entre el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la tasa de homicidios por comunas fue de 89 por ciento.
Por último, vale mencionar el problema de la exclusión social, un fenómeno de varias dimensiones, que incluyen “la falta de acceso a recursos, bienes y servicios, la privación de derechos y la inhabilidad para participar en las actividades económicas, sociales, culturales o políticas que se encuentran disponibles para la mayoría de la población.
En otras palabras, es la inhabilidad que tiene una persona o un grupo para participar en las actividades económicas y sociales básicas de la vida”. Como se observa en la gráfica 2, Cartagena es la segunda ciudad con la mayor exclusión social entre las trece principales del país. Lo cual se explica por políticas públicas que no tienen en cuenta la necesidad de ofrecer alternativas económicas y sociales a la población más vulnerable.
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El desastre social se agrava si se considera la vulnerabilidad ambiental, es decir, la probabilidad de que un individuo o un grupo de individuos estén expuestos o afectados de forma negativa por el impacto, en este caso, del cambio climático. Y resulta que por su ubicación geográfica, “Cartagena enfrenta los riesgos ambientales asociados al cambio climático, como la subida del nivel del mar y el aumento de las lluvias”.
Sucede que gran parte de la población de la ciudad habita la zona costera y que entre 1949 y 1992 (43 años), el nivel medio del mar subió 23,4 centímetros, por lo cual, de mantenerse la tendencia, en 2020 el nivel habría subido poco más de dos centímetros.
Los riesgos ambientales en toda Cartagena son gigantescos: el 20 por ciento de los ciudadanos se ven afectados por el aumento del nivel del mar, y las inundaciones afectan el 26 por ciento de las viviendas. Pero, de nuevo, las poblaciones más vulnerables a las inundaciones por el mar, las lluvias o el desbordamiento de los caños son las de los estratos bajos, con un problema serio de salud pública.
Un mapa, que se incluye en el estudio, muestra la vulnerabilidad socioeconómica en los diferentes barrios de Cartagena y también, claramente, que la mayor debilidad se encuentra en aquellos que rodean la ciénaga de la Virgen, en donde habita “población de bajos ingresos, en su mayoría afrodescendiente, con bajo nivel educativo y condiciones de vida desfavorables”. Fuera del mapa hay otras poblaciones cercanas a Cartagena muy expuestas, también, a la pobreza y los efectos del cambio climático, como Ararca, Santa Ana y Barú.
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Es triste, lamentable y vergonzoso que el desastre social de Cartagena coincida con el hecho de que esta sea ‘la’ ciudad colombiana en auge: ocupa el tercer lugar entre las trece principales ciudades del país en términos de PIB por habitante (en 2016, la población de Cartagena se proyectaba en 1’013.389 habitantes), el cuarto en producción industrial, y su puerto marítimo es el de mayor movimiento de Colombia.
La bonanza tiene por detrás el dinamismo del turismo, la industria, los puertos y la construcción. El crecimiento del turismo ha sido muy elevado, superior al del promedio mundial. La llegada de pasajeros nacionales y extranjeros creció 113 por ciento entre 2009 y 2014, 23 por ciento en promedio cada año. Este dinamismo ha impulsado el de la construcción, especialmente el de hoteles y torres de apartamentos, como puede comprobarlo cualquier visitante. Y, con todo y escándalo, la Refinería de Cartagena (Reficar) está terminada, y la participación del PIB industrial de Cartagena con la nueva refinería se elevó al 11 por ciento, una cifra para nada despreciable.
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El caso de Cartagena es uno de esos típicos en los cuales el avance económico no implica mejora en el bienestar social. De tal manera que el problema no es económico ni de falta de recursos. Es de naturaleza política.
En una columna reciente en este periódico (‘¡Cartagena, Cartagena!’, 5 de febrero, debes leer, p. 7), Guillermo Perry se dolía de que, siendo Cartagena la segunda ciudad de todos los colombianos, las autoridades hacen muy poco por la Heroica y sus cinturones de miseria, y “parecieran decididas a destruir el Corralito”. Y contaba que una empresaria italiana le había dicho que “Cartagena sería tres veces más maravillosa si algún día tuviera un alcalde y un Concejo que quisieran a la ciudad más que a sus negocios particulares”.
Es obvio que la administración pública en Cartagena es desastrosa y está signada por el clientelismo y la corrupción. Un amigo costeño me contó que la tarifa del impuesto predial que se paga en Cartagena es muy inferior a la de un predio equivalente en Barranquilla.
Pero el asunto no es solamente la falla del Estado y de su administración.
Empieza por la desidia y falta de visión de la clase dirigente y empresarial frente a su ciudad; ¿en donde creen que viven? Y por la del resto del país, incluyendo a los cartageneros que no habitan en Cartagena y van a la ciudad a rumbear y divertirse, lo mismo que por la del Gobierno Nacional, que, no obstante tener allá su sede alterna, convive con una ciudad miserable y vulnerable, sin interesarse por mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de sus habitantes.
Si no se hace nada, si la euforia continúa y si el desequilibrio social sigue agudizándose, en pocos años nadie va a querer ir a Cartagena.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
Especial para EL TIEMPO