En el foro organizado por Elección Visible, expertos debatieron sobre los desafíos que enfrenta la nueva Corte Constitucional ante la salida de cuatro de sus magistrados.
Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, la Corte no es de expertos sino multidisciplinaria, por lo que deben llegar magistrados que tengan conocimientos diversos. Aseguró que la mayoría de magistrados que ha tenido la Corte son progresistas, que llenan vacíos legislativos y van más allá de la función tradicional.
Además, Charry dijo que la Corte debe replantear su posición de jugador de la vida política para convertirse únicamente en el árbitro. En el debate, Dalila Hernández afirmó que muchas veces los fallos constitucionales dan luces importantes al Gobierno, pero en otras ocasiones "desbordan" las peticiones que de le dan al Ejecutivo, interviniendo en decisiones de política pública.
"La preocupación es hasta dónde va a llegar la nueva Corte a intervenir en la implementación de los Acuerdos de Paz. Ojalá tengamos en la Corte a personas de alto nivel que conozca las necesidades, que conozca al Estado", aseguró.
Dijo que en las nuevas prácticas le pediría a la Corte que se apoye de expertos con conocimientos financieros. Además, reiteró que la corporación debe tener unos límites en materia de política pública.
El exmagistrado José Gregorio Hernández dijo que lo más importante es que se garantice la independencia de los magistrados para que puedan cumplir sus funciones. "La independencia se debe reflejar en la imparcialidad en las decisiones", afirmó.
Según Hernández, la decisión que avaló el fast track permitió que "el Congreso modificara por sí mismo los requisitos para reformar la Constitución". Además dijo que se debe diferenciar entre el activismo y la protección de los derechos.
José Vicente Zapata, experto en derecho ambiental, destacó la necesidad de que haya seguridad jurídica en la nueva Corte, por lo que afirma que el alto tribunal necesita expertos. Zapata también señaló que se necesitan más fallos que realmente se implementen. "Los que piden consultas previas son etéreos porque no se implementan nunca".
Aseguró que a los magistrados, antes de llegar a los cargos, se les debería consultar sobre sus posiciones frente a los derechos humanos, los derechos ambientales, y mineroenergéticos.
A su turno, Jorge Humberto Botero, dice que el sistema de elección de los magistrados de la Corte no le gusta porque es politizado. Por eso insiste que se debe volver al esquema de cooptación.
También criticó el fallo del fast track porque esa decisión terminó estableciendo que el Congreso es el pueblo mismo, lo que a su juicio es "un disparate".
Asegura que frente a la minería y la explotación de hidrocarburos, la Corte permitió las consultas previas convirtiéndolas ahora "en un mecanismo de abuso" para que ahora quien quiera desarrollar un proyecto tenga que entregar lo que se le exige. Dice que este es un mecanismo "de bloqueo".
También dijo que la Corte resolvió en un fallo reciente reconocer a los hijos de crianza, indicando el caso de un niño que sustituye a su abuelo en la pensión. "Tiene un impacto fiscal que oscila entre 6 y 14 billones de pesos". Dice que esa sentencia al aumentar la carga del asegurador pensional obliga a que el capital para cotizar las pensiones suba. "Esa sentencia de la Corte excluye a 3.400 personas a las que habrá que devolverles los saldos", dijo.
El exmagistrado José Gregorio Hernández afirma que los estados de cosas inconstitucionales que dictamina la Corte son necesarios porque en el caso de cárceles, por ejemplo, afirma que en su época se decretó porque la solución no era resolver la situación de un solo recluso que ponía la tutela, sino establecer medidas para que se pudiera solucionar la crisis carcelaria. "No es el caso de uno, sino de muchos que se encuentran en esas mismas circunstancias. ¿Cómo consigue el Gobierno los recursos? Es problema del Gobierno, y que el Ministro se ponga a trabajar en eso", asegura.
El exmagistrado Hernández dice que en la vulneración del derecho la Corte "no tiene por qué ponerse a hacer cuentas para ver si le alcanza o no al Gobierno, sino que es al Gobierno al que le toca buscar cómo cumplir esas decisiones".
Frentre al proceso de paz, el constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que duda que existiera una Corte Constitucional que pudiera tumbar el acuerdo de paz con todo el peso que tenía ese tema. "Hay un gran vicio sobre cómo están funcionando las instituciones".
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