Con cuentagotas, pero inclementes como tortura china, se suceden las revelaciones del caso Odebrecht, que ya golpeó al gobierno pasado y al excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga y ahora acosa, a diario, al presidente Juan Manuel Santos. El primer mandatario ya no puede decir, como alegaba en diciembre, que su gobierno está limpio de esos dineros corruptos. De hecho, el gerente de sus dos campañas, su amigo personal y hombre influyente en su administración, Roberto Prieto, aparece en varias declaraciones en la Fiscalía como personaje clave para Odebrecht.
Liquidado desde hace mucho en las encuestas de popularidad interna, el Presidente se aferraba a su prestigio internacional, derivado de su batalla por un acuerdo de paz con las Farc y que obtuvo sello de aprobación con el premio Nobel que recibió en Oslo en diciembre. Pero ahora que la prensa internacional ha empaquetado su administración con las otras que en América Latina fueron untadas por los sobornos de Odebrecht, ese prestigio ha perdido brillo.
A seis meses de completar su séptimo año de gobierno, el retrovisor que tanto utilizó para culpar a su antecesor ya no le alcanza. Cuando mira por él, Santos no ve más que su propia imagen, lo mismo en la tragedia social de La Guajira, en la postración de una economía que hoy apenas crece al 2 por ciento, en la crisis irresoluta de los servicios de salud o en la corrupción que protagonizan, entre otros, sus principales aliados en el Congreso, como aquella poderosa mafia de Córdoba, muy mentada en estos días. Y el sector de infraestructura, donde Santos muestra excelentes resultados, ha terminado manchado por Odebrecht.
Incluso su gran éxito, la terminación del conflicto armado con las Farc, luce hoy afectado. Cuando se aproxima la fecha para el arranque del desarme de cerca de 7.000 guerrilleros, hecho histórico desde donde se lo mire, la torpeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y del exministro de Justicia Yesid Reyes, que pactaron en una mesa paralela a la de La Habana lo atinente a la Jurisdicción Especial de Paz, con tantos privilegios para los guerrilleros como trampas para los militares, ha opacado la extraordinaria noticia de la desmovilización de las Farc.
Si no es por el fiscal Néstor H. Martínez, y por congresistas que han resultado menos borregos de lo que muchos creían, la goleada a favor de los exguerrilleros y en contra de los militares habría sido muy abultada en el texto que avanza en el Congreso. El resto del panorama tampoco ayuda: el Eln está convencido de que el terrorismo es la respuesta a la enorme generosidad del Gobierno, y además hay demoras y hasta denuncias de corrupción en la instalación de los campamentos donde las Farc se están concentrando.
En el Gobierno reina el despelote. El ministro Cristo –que, por fortuna para Santos, ya se va– propone una reforma política sin consultarla con su jefe. El ministro de Minas, Germán Arce, les pega un totazo a las finanzas de los municipios y, ante las protestas de los alcaldes, se ve obligado a echar reversa.
La cosa está tan grave que hace pocos días trajeron de urgencia a la exministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, a quien el Presidente había mandado al exilio en la embajada de Alemania, después de que ella se opusiera como gato patas arriba a que Santos incluyera en la terna para fiscal a Néstor H. Martínez, quien parece haber resultado tan independiente como María Lorena temía y por eso, desde el propio Palacio, tratan de desprestigiarlo. Vino ella a encabezar un comité de crisis. Apenas normal: el Gobierno está en crisis y a este paso, entre escándalos, economía débil y desorden en el equipo de gobierno, el año y medio que le queda a Santos le resultará un calvario.
MAURICIO VARGAS
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