La reforma política que Colombia requiere con urgencia y debería emprender aprovechando la indignación que ha causado Odebrecht tendría un objetivo principal: establecer, más allá de cualquier duda, que el Estado y su administración son para proveer un servicio público que consiste en gobernar en forma competente y honorable, con voluntad de servicio y de sacrificio. En su conjunto, el sistema político y el Estado son responsables de gobernar bien, en beneficio de la comunidad por cuya seguridad, bienestar, prosperidad y tranquilidad deben velar, sujetos a reglas y restricciones que les ha impuesto la misma comunidad.
Si esto se pudiera regular, se impediría que los políticos usen el Estado como si fuera su coto de caza y que actúen como si las empresas públicas no le pertenecieran al público, sino a las élites políticas regionales y nacionales. El empleo público no sería para recompensar a los políticos, o para facilitar que los escogidos para puestos oficiales o sus padrinos salgan elegidos habiéndole pasado al Estado los costos de la elección. El sistema político existente tendría que ser sometido a un cambio extremo para desterrar el clientelismo, que ha convertido al Estado en un mercado y al trueque indebido de favores y privilegios en su medio de pago.
La reforma que se necesita no es de las reglas electorales ni tiene que ver con el número de años del período presidencial, o cómo se financian las campañas. Se trata de crear una cultura que induzca buenas prácticas en el ejercicio de la política, condene la corrupción, la indelicadeza y el abuso del poder para beneficio propio o de sus colaboradores y haga que quienes ostentan el poder respalden sus discursos con ejecutorias.
El problema con la corrupción, a pesar de que provoca indignación, es que la dan por hecha. En Colombia, la gente presupone que los políticos o los funcionarios aprovechan su posición para obtener beneficios personales. Esto ha dado lugar a un umbral muy alto de tolerancia con la corrupción, que no se deriva de que la acepten sino de que esperan que ocurra. Soportan al transgresor con el argumento de que “así es la política”, y no esperan cambios. Y los políticos infractores aprovechan eso para defenderse tratando de ensuciar a sus rivales, lo que refuerza la mala imagen de todos.
Esa cultura y la proclividad del sistema político a sucumbir a tentaciones están fuertemente arraigadas y no se van a mosquear con reformas como las que propone el Gobierno. Pero es algo que tiene que cambiar, no solamente por razones éticas, que en Colombia son poco efectivas para inducir correctivos, sino porque la corrupción le impone un costo a la sociedad muchas veces superior a las sumas derivadas de ella. Por ejemplo, en Colombia, con más de un siglo de retraso, se concibió y se puso por fin en marcha un programa estrella de construcción de infraestructura (4G), y este puede colapsar o abortar porque un puñado de políticos lo usaron para recibir sobornos, con lo que pusieron en riesgo la ejecución de obras que valen más de 3.330 veces lo que ellos supuestamente recibieron. Otras veces los costos no son monetarios, sino de vidas humanas, como las de los niños que mueren de hambre o no se desarrollan porque los proveedores de almuerzos escolares reducen o suprimen fraudulentamente su contenido nutricional.
Esto tiene que parar. Hacen falta liderazgo, una voluntad política inequívoca y una férrea disciplina. Ayuda que la justicia castigue a los culpables, pero no en forma errática o arbitraria. Lo principal es que el público ponga a un lado la apatía o la desconfianza en que algo se pueda hacer y vote por los pocos candidatos que se comprometan a combatir el clientelismo, la corrupción y el incumplimiento de las obligaciones del Estado.
RUDOLF HOMMES
