Esta semana, de manera sorpresiva, Carlos Alfonso Mayorga, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, les anunció a sus más inmediatos colaboradores su decisión de dejar el cargo que ejerce hace 21 meses.
Aunque argumentó razones personales para su renuncia, que ya fue aceptada por el Ministerio de Defensa, lo cierto es que la salida de Mayorga de esa superintendencia no es tranquila. Desde hace varios meses, la Casa de Nariño había recibido denuncias de que en esa dependencia existía una suerte de ‘tabla de tarifas’ para garantizar el éxito de trámites.
Este diario confirmó que la Dijín está verificando tales denuncias, que además dieron pie para que la Fiscalía abriera un expediente por presunta corrupción en la Supervigilancia.
Mayorga afirmó el viernes que no tiene conocimiento de ninguna investigación en su contra: “No me han notificado, no conozco de ninguna denuncia contra mí. Lo único que he hecho es actuar con mucha translucidez, y en esta entidad todo está documentado”, dijo el saliente funcionario.
Agregó que él interpuso cinco denuncias ante las autoridades competentes por las presuntas irregularidades que encontró. “Recién llegué instauré ante el Gaula la denuncia por hechos de extorsión con los tramites de la entidad”, afirmó.
Según dijo, su gestión “levantó ampolla” y eso le generó malquerencias. “Yo recibí esta entidad con 3.900 millones de pesos de presupuesto, porque quienes debían pagar no lo estaban haciendo. Hoy dejo una entidad con un presupuesto de 27.000 millones de pesos y con una perspectiva para el 2018 que llega a los 40.000 millones”, señaló.
Israel Londoño queda como encargado
Israel Londoño, de 52 años, se venía desempeñando como uno de los delegados ante la Superintendencia de Vigilancia. Él fue nombrado por el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, como encargado de la entidad mientras se decide en propiedad quién asume el mando.
El exalcalde de Pereira (2008-2011) fue concejal y miembro del partido de ‘la U’ y es hombre de confianza de Villegas. Este economista tiene la tarea de poner en cintura el control sobre la autorización y renovación de las licencias para vehículos blindados y los departamentos privados de seguridad.
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