En los últimos meses la emanación de olores ofensivos en la ciudad de Bucaramanga y municipios de su área metropolitana por parte de algunas empresas, alertó a las autoridades ambientales de la región que buscan ejercer controles de mitigación sobre esta contaminación del aire.
Los puntos en los que la pestilencia estaría siendo más fuerte por ser lugares en los que hay vertimiento de aguas residuales, mataderos clandestinos y hornos de cremación, son Chimitá, El Carrasco, Girón, Real de Minas, Lebrija, Rionegro.
Aunque las autoridades ambientales del área metropolitana de Bucaramanga sí tienen 'dientes' para sancionar la generación de los olores ofensivos, no cuentan aún con los equipos necesarios para evaluar la calidad del aire y así tener pruebas para castigar.
La Ley 1333 de 2009, por ejemplo, establece que las entidades correspondientes tienen el poder de cerrar las empresas que causan esta problemática. Quienes ostentan esa facultad a nivel local son el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
Sin embargo, si clausuran compañías sin contar con las pruebas necesarias pueden ser demandadas, como ya le pasó a la CDMB por ordenar el cierre de una empresa en el 2010.
Para Helbert Panqueva, coordinador de aseguramiento legal del AMB, una de las mayores dificultades para actuar es que aún no existen muchos laboratorios acreditados para hacer muestreos del aire.
“Lo único que podemos hacer hoy es visitar empresas y sugerir de manera directa una mejora en prácticas ambientales y hacer seguimiento a los permisos de emisiones que tienen porque no contamos todavía con la prueba técnica para tomar acciones legales”, manifestó el funcionario.
El director de la CDMB, Martín Carvajal, considera que “no existe la posibilidad de tener un estudio para tener conocimiento y certeza del grado de afectación que tiene el olor en toda el área metropolitana de Bucaramanga, pero sí se puede sectorizar”.
En ese sentido, el AMB ya avanza en la contratación de un laboratorio para que haga un monitoreo en un mes y medio y “mostrarle a la comunidad algo de información técnica e individualizar a las empresas que generan los olores fétidos, para empezar a tomar acciones”, de acuerdo con Panqueva.
Las autoridades también cuentan con la resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente que les da la facultad de exigir a las empresas un Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (Prio), que determina la implementación de nuevas tecnologías para sus procesos, teniendo en cuenta que a la materia orgánica que se procesa hay que darle un tratamiento adecuado.
Hasta el momento solo 11 compañías han presentado uno.
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