La Procuraduría General abrió una indagación preliminar contra el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, y los miembros de la mesa directiva Daira Galvis Méndez e Iván Leónidas Name Vásquez, por haber viajado con recursos públicos en enero de este año a Estados Unidos, para participar en el acto de posesión del presidente Donald Trump.
Por esta razón, el Ministerio Publico pidió un certificado con los viajes autorizados por el Senado en todo el mes de enero, con información precisa de viáticos, valor de los tiquetes y labores realizadas.
Se investigará si los congresistas incurrieron en una violación al numeral 6 del artículo 136 de la Constitución, que prohíbe los viajes al exterior con recursos del Estado, excepto cuando tres cuartas partes del Senado los aprueben y estén amparados en una misión específica y relacionada con el trabajo.
También se investigará por el origen de los viáticos que usaron los tres congresistas y si estos fueron o no aprobados por el Congreso.
La Mesa Directiva del Senado respondió a la apertura de indagación preliminar de la Procuraduría y manifestó que ninguno de sus tres integrantes viajó con dineros públicos a la posesión de Trump.
Según un comunicado, la Mesa Directiva del Senado informó que ese desplazamiento fue autorizado con base en el Decreto 1068 de 2015, que versa sobre este tipo de salidas del país.
“Aclaramos que el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, no pidió viático alguno. En cuanto al viaje que realizaron la vicepresidenta del Senado, Daira Galvis, y el segundo vicepresidente, Iván Name, dichos viáticos nunca se pagaron, porque los parlamentarios renunciaron a ellos y asumieron los gastos de su viaje”, reza el texto.
Pero fuentes jurídicas del Senado indicaron que el propósito del viaje era participar en la reunión anual de la fundación Caucus Conservacionista, que trabaja en temas de políticas públicas para la conservación de los recursos naturales.
En todo caso, los tres integrantes de la Mesa Directiva del Senado manifestaron que acatan "la decisión del Ministerio Público” y manifestaron su “disposición de dar las explicaciones pertinentes y entregar los soportes jurídicos que requiera el ente disciplinario”.
El anuncio del Ministerio Público puso nuevamente sobre la mesa un debate jurídico sobre a quién corresponde aprobar los viajes de los parlamentarios. Según el numeral 6 del Artículo 136 de la Constitución, los viajes al exterior pagados por el Estado deben ser aprobados por las tres cuartas partes de la corporación. Sin embargo, el decreto 1068 de 2015 delegó esa facultad a la mesa directiva.
Para resolver el conflicto entre sí debe regir la norma constitucional o el decreto, el Senado anunció que pedirá una revisión del tema a la Sala de Consultas del Consejo de Estado.
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