El propio presidente Donald Trump anticipó que no iba a ser una reunión fácil. Y no lo fue. Al final el Gobierno mexicano consiguió aparentes compromisos y garantías de Estados Unidos en lo relacionado al tema de inmigración en la visita que hicieron a la capital mexicana el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, que lograron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto.
Este había condicionado la cita a que hubiera sustancia en lo acordado en las reuniones previas con sus funcionarios.
“Déjenme ser muy, muy claro: no habrá deportaciones masivas”, enfatizó Kelly.
“El departamento de Seguridad Interior actuará conforme a derecho, respetando los derechos humanos” y “en estrecha colaboración con el Gobierno mexicano (...) No se hará uso de la fuerza militar en los operativos migratorios”, añadió.
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Pero horas antes en Washington, durante una reunión con ejecutivos industriales, el presidente Donald Trump había afirmado: “Por primera vez estamos expulsando pandilleros, capos de las drogas. Estamos echando a esos tipos malos, a un ritmo nunca antes visto. Y es una operación militar”. Lo curioso es que las autoridades mexicanas no han informado hasta ahora de la deportación de ningún responsable de grupos de narcos.
Fue tan grande la contradicción que el portavoz de la Casa Blanca, Sean Espichar, salió a matizar: “El presidente usó (la expresión operación militar) para describir la forma en que estaba ocurriendo con precisión, de forma impecable, a la hora de garantizar que se cumplen las órdenes”.
En opinión de Adolfo Laborde, experto en la relación México-EE. UU. en el Instituto Tecnológico de Monterrey, “no puede haber un abismo tan grande entre una y otra declaración, pareciera que (Kelly) es de otro país”. Sin embargo, dijo: “Por encima está lo que dice Trump”. “Va a haber deportaciones masivas y en eso deberán enfocarse las autoridades mexicanas”, añadió.
Ya antes, el canciller mexicano Luis Videgaray había expresado a la parte estadounidense la preocupación e irritación de su país por las políticas de Trump en su contra. Y dijo que aunque las diferencias persistían iban a seguir cooperando.
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Trump endureció los controles migratorios tras su llegada el poder el pasado 20 de enero, y además ordenó construir un muro a lo largo de la frontera con México y quiere que sea la nación latinoamericana la que pague por él.
Antes de su victoria electoral en noviembre pasado, llegó a decir que la mayoría de migrantes mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos para buscarse la vida son "criminales" y "violadores.
El canciller también reiteró este jueves que en la reunión se habló de la "imposibilidad jurídica" de que un país tome decisiones unilaterales que "afecten" otra nación. "Este es un principio fundamental en el que hemos coincidido", apuntó.
Aún no es claro si se había tocado el tema del muro que planea construir Trump en la frontera.
EFE Y AFP
