Una vez establecido un acuerdo para terminar y liquidar el contrato de la Ruta del Sol II, según anunció la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la noche del miércoles, la inquietud que asalta es ¿qué pasará con las obras?
El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, explicó que la liquidación puede acelerar el proceso, pues la Ley 80 (de contratación) contempla en estos casos de corrupción la nulidad, pero esta terminaría siendo más demorada.
“Nosotros solicitamos una nulidad en el tribunal de arbitramento, y no se ha decidido aún”. Con la liquidación, la ANI aspira a que las obras se reinicien, a partir de avances que va a iniciar Invías en el segundo semestre, mientras se realiza el proceso de apertura de una nueva licitación.
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De esta manera, se tiene previsto que se logre avanzar la Ruta del Sol II, del 54 por ciento que hay hoy al 65 por ciento antes de entregar la tarea a la nueva concesión, la que solo tendría que realizar el 35 por ciento restante.
Andrade confirmó que en la fiducia, donde están los recursos para la inversión en el proyecto, hay guardados 1,5 billones de pesos que se utilizarán para cubrir las necesidades que plantea una liquidación. “100.000 millones serán para pago de trabajadores y proveedores, y 1,4 billones se destinarán a hacer el primer pago a los bancos”.
Teniendo en cuenta que los bancos habían prestado 2,4 billones de pesos al proyecto, los recursos que falten (1 billón) serán cubiertos con vigencias futuras.
En ese sentido, destaca Andrade, como hay 2 billones de pesos previstos para esta obra, de esa fuente de financiación que compromete presupuestos venideros, la mitad será para pago a bancos y la otra mitad, para obras. “El Estado tiene dos objetivos: castigar al corrupto y proteger a los terceros de buena fe”.
Cabe destacar que el acuerdo logrado para terminar y liquidar el contrato incluyó un punto a favor del Estado, y es que se retire la demanda, por parte del concesionario, por 700.000 millones de pesos.
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Se recuerda que esta demanda se interpuso cuando el concesionario empezó a atrasarse con la entrega de las obras, las cuales debían estar terminadas en febrero de este año y solo van en el 54 por ciento.
Con dicha demanda, que reclamaba una indemnización por tropiezos para avanzar las obras, como las dificultades que encontraba el concesionario en la comunidad, las autoridades como la ANI quedaron bloqueadas para seguir exigiendo cumplimiento.
El otro punto logrado en el acuerdo, que también resulta benéfico para el Estado y evitar que se estanque la obra, es que si en la liquidación hay un saldo a favor del concesionario, se comprometen a mantenerlo retenido 4 años para tener una garantía en caso de que surjan demandas contra el Estado o la concesión, explicó Andrade.
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