¿Se imaginan a Bogotá o Medellín sin que El Tiempo, El Espectador, El Colombiano –y cualquier otro medio en radio, televisión e internet– produjeran información local?
¿Cómo se enterarían los ciudadanos de las decisiones de los alcaldes, de los problemas de movilidad y seguridad y las políticas públicas; cómo evaluarían a sus mandatarios y estarían al tanto de las angustias y logros de su ciudad?
Así viven 600.000 personas en 52 municipios donde no hay ni un solo medio de comunicación. Y 2,4 millones de colombianos viven en 146 municipios que son “zonas de silencio”, donde, si hay medios, estos no cubren el municipio completo y no producen información local. En 60 municipios más hay un único medio que lo hace.
Eso descubrió la investigación ‘Cartografías de la información’, de la Fundación para la Libertad de Prensa, sobre la situación de los medios y los periodistas en 220 municipios de Chocó, Nariño, Cauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá y en el bajo Cauca y el Catatumbo. Falta el resto del país por investigar. Hay resultados de Arauca y pronto estarán los de Antioquia, Valle y Meta.
En el departamento más grande, Vichada, solo hay ocho medios; la mitad son emisoras de la Fuerza Pública; los demás no producen información local. En Caquetá solo hay dos impresos y de sus 16 municipios, 10 son “zonas de silencio”. Igual están nueve de los 11 municipios del Catatumbo, cinco de los seis del bajo Cauca, 23 de los 30 de Chocó, 37 de los 64 de Nariño y 24 de los 42 del Cauca.
De los casi seis millones de habitantes de estos departamentos, apenas 232.000 están suscritos a un servicio de internet –el cual en Chocó, por ejemplo, es 100 veces más lento que en Bogotá–.
Solo 74 de los 447 medios encontrados pagan a sus periodistas más de un salario mínimo. Muchos de esos periodistas se ven obligados a vender publicidad a las mismas entidades y funcionarios estatales que deben, en teoría, vigilar y criticar.
Estos departamentos y municipios “en silencio” informativo son los que han padecido el conflicto armado y son el eslabón más débil en la implacable cadena alimentaria de la inequidad nacional.
Caso aparte es la militarización de la información: 41 medios, casi 10 por ciento del total, son emisoras de la Fuerza Pública, las de más cobertura. En ocho municipios son la única fuente de información, pues no hay otro medio. Las radios militares y de Policía han sido órganos de propaganda: “primero la guerra; la información para los ciudadanos no es prioridad”, dice la Flip. ¿Qué papel jugará el poderoso sistema militar de radiodifusión ahora que la guerra se acabó? ¿Se dedicará a la propaganda contra el Eln?
El Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc contempla medidas para fortalecer los medios comunitarios y regionales. La Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz acaban de lanzar, junto con Resander, la asociación de radios comunitarias de Santander, un ambicioso programa de becas y formación para cerca de 400 emisoras comunitarias.
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Pero se necesita mucho más. Hace falta una decisión del Estado de fortalecer la información que reciben sus ciudadanos menos privilegiados. Nuevas frecuencias, préstamos, entrenamiento, formalización laboral, mayor y mejor conectividad a internet y, sobre todo, facilidades y menos trabas burocráticas para crear nuevos medios y una drástica intervención en la perversa asignación de la pauta estatal (contemplada en el Acuerdo Final) son los mínimos que esa otra Colombia lleva décadas esperando para acceder a uno de los bienes básicos de la democracia: la información.
La paz debería empezar por entregársela.
* Este columnista fue miembro de la junta directiva de la Flip y ha sido instructor en los talleres de formación de Resander.
Álvaro Sierra Restrepo
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