El cardenal colombiano Rubén Salazar respondió la carta que esta semana le envió la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, en la que le pedía que expresara ‘tolerancia cero’ frente a los casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros del sacerdocio colombiano.
El pronunciamiento de Plazas obedeció a uno de los argumentos expresados por el abogado de la Arquidiócesis de Cali, quien recientemente sugirió que en el caso de abuso sexual de cuatro niños cometido por un sacerdote –que ya está en la cárcel-, la familia también tenía cierta responsabilidad, principalmente por haberlos descuidado.
Este fue uno de los argumentos usados ante una demanda de reparación por cerca de 9.000 millones de pesos contra la Arquidiócesis de Cali, en la que se busca indemnizar no solo a los niños como víctimas directas, sino a varios miembros de su familia.
“La protección de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad absoluta para la Iglesia católica en Colombia y esa es la razón por la que aplaudimos todo el esfuerzo que usted realiza desde la dirección general del Instituto de Bienestar Familiar para velar por todos los menores de nuestra nación. Además, comparto con usted la apremiante necesidad de no omitir esfuerzo para denunciar el abuso sexual contra los niños, que aumentó un 49,2 por ciento en el 2016 en la ciudad de Bogotá”, dice el cardenal Salazar en su carta.
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También destaca que la “Iglesia asume clara y lealmente la consigna de cero tolerancia ante cualquier caso que sea denunciado ante nuestros delegados de protección de menores y a tomar todas las medidas para que los responsables sean castigados tanto canónica como civilmente. Si se comprueba el abuso, un sacerdote jamás podrá volver a ejercer su ministerio”.
“Si es cierto que la Iglesia llora con amargura el pecado de sus hijos y pide perdón (carta del papa Francisco a los Obispos del mundo el 28 de diciembre de 2016), también es cierto que estamos comprometidos en renovar todo empeño para que estas atrocidades no vuelvan a suceder entre nosotros”, añadió Salazar, quien destacó que tanto en la Arquidiócesis de Bogotá como en las otras dependencias eclesiásticas del país existe una política de protección de menores por medio de programas de prevención, proyectos formativos en los seminarios, talleres para ministros ordenados y comunidades consagradas, catequistas y docentes de instituciones católicas.
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Y agregó que se dedica una atención especial a las víctimas de abuso sexual y a sus familias. Y citó nuevamente al papa Francisco, en otro pronunciamiento. “Estos pecados nos avergüenzan, sí, porque fueron realizados por personas que tenían a su cargo el cuidado de estos pequeños y han destrozado su dignidad. Por eso, reconocemos que somos responsables ante sus padres de brindar todas las condiciones posibles para que nuestras instituciones sean un hogar seguro para sus hijos y nietos.
Por último, Salazar insistió en que esta problemática ha llevado a la Iglesia a ser más rigurosa en los procesos de selección en los seminarios, en los protocolos de protección, en los debidos procesos canónicos y jurídicos de los abusadores de menores de edad, “los cuales deben responsabilizarse de sus acciones ante la justicia, y en el compromiso, junto con toda la sociedad colombiana, para que sea erradicado este flagelo”.
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