Reabren proceso cerrado por Ordóñez sobre licitación de Ruta del Sol

Reabren proceso cerrado por Ordóñez sobre licitación de Ruta del Sol

Procuraduría busca establecer si hubo presiones indebidas contra los contratistas.

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23 de febrero 2017 , 02:17 p.m.

Dos años después de que el exprocurador Alejandro Ordóñez archivara un proceso contra el ex ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego y otros funcionarios por irregularidades en la licitación del tramo II de la Ruta del Sol, el recién posesionado procurador Fernando Carrillo echó para atrás esa decisión y ordenó reabrir la investigación.

Carrillo revocó todo lo actuado, trasladó el expediente a la Comisión Especial Disciplinaria que designó para examinar el caso Odebrecht y compulsó copias contra la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios de la administración Ordóñez por presuntas omisiones.

La Red de Veedurías señalaba como presuntos responsables de irregularidades al ministro Gallego; a Daniel García Arizabaleta, director del Invías para la época de los hechos; a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte y gerente encargado del Inco; a Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías, y a Miguel Peñalosa, alto consejero para las Regiones.

(Además: Hay acuerdo para la terminación del contrato de Ruta del Sol II)

García Morales fue el primer capturado por el escándalo de Odebrecht, y García Arizabaleta salió del Invías a asesorar a la empresa brasileña y fue su entrada a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en el 2014, lo que lo puso bajo la lupa de las autoridades.

Carrillo sostiene que ese proceso fue “una papa caliente” que pasó de oficina en oficina sin que nadie investigara realmente lo que allí se denunciaba.

Frente a esto, Ordóñez respondió: “Si en mi administración como procurador hubiera tenido para el año 2010 por lo menos el diez por ciento de las pruebas que hoy se conocen, ya hubiera sancionado a los servidores públicos involucrados en este escándalo”.

Agregó que en varias entrevistas que realizó sobre el tema, todos los testigos manifestaron no conocer sobre ningún tipo de presión de funcionarios del Inco o del Mintransporte para adjudicar el contrato a Odebrecht.

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Ahora se buscará establecer si hubo presiones indebidas a los contratistas y en qué momento fueron hechas.

“En términos generales –dice Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas y quien presentó la denuncia en el 2010– se advirtió sobre un entramado que había para hacer la adjudicación de ese contrato y que no solo favorecía (a Odebrecht) en ese proceso, sino en la interventoría”.

Bustos señaló que había suficiente información para creer que el contrato estaba direccionado, porque se puso un cerco a todos los demás contratistas que mostraron interés en participar, entre otras cosas porque se les estaba exigiendo el pago de unas sumas de dinero “abusivas”. También dijo que esa red de corrupción llegó hasta la Procuraduría, donde la investigación nunca arrojó resultados.

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JUSTICIA

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