El drama no cesa: 74 cuerpos sin vida fueron hallados en una playa de la ciudad libia de Zawiya, cerca de Trípoli. Eran inmigrantes, especialmente provenientes del África subsahariana, que ni siquiera pudieron llegar al área de aguas internacionales donde patrullan los órganos de rescate europeos, porque su embarcación inflable zozobró. Se teme que 36 cuerpos más empiecen a arribar en las próximas horas a las playas o, simplemente, reposen en el fondo del mar.
Aunque ya las noticias relacionadas con naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo parecen haberse convertido en paisaje, de tanto que se registraron en los últimos años, lo triste es que las tragedias se siguen sucediendo a diario mientras los países están aún muy lejos de encontrarle salida a un drama que a medida que se acerquen los meses cálidos va a crecer.
Libia ha pasado a ser el principal país de paso hacia Italia de los inmigrantes, entre otras razones porque es un Estado sin autoridad, sumido en una guerra civil y con activas facciones que se disputan el poder a sangre y fuego, circunstancias que aprovechan los traficantes de personas para aceitar su negocio de muerte.
Solo el año pasado 181.000 inmigrantes cruzaron los 300 kilómetros de mar que separan a Libia de Italia, pero 4.500 murieron en el intento. En general, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 13.100 han logrado llegar a Europa en lo que va del 2017, en tanto que 275 han desaparecido en el mar.
A esto se suman los casi 500 inmigrantes que lograron forzar la valla que separa Marruecos del enclave español de Ceuta, junto con Melilla, la única frontera terrestre entre el continente africano y la Unión Europea.
Ante una situación desesperada, se deben explorar medidas creativas. La operación Sofía, que lucha contra las mafias, ha logrado capturas significativas de traficantes, neutralizado casi 400 embarcaciones y rescatado a 34.000 personas en el año y medio que lleva de funcionamiento. Mas no basta. El apoyo para que los países expulsores mejoren las condiciones de vida de sus habitantes es fundamental, pero la solución dependerá más de esfuerzos multidisciplinarios y colectivos que de levantar muros o acosar a los traficantes.
editorial@eltiempo.com