“Este contrato está amarrado con firmas que maneja el Alcalde Mayor”. Eso es lo que dice un correo interno de la Empresa de Acueducto de Bogotá, del 20 de julio del 2009, que el miércoles fue presentado por la Fiscalía como una de las pruebas de que la construcción del interconector de aguas negras Tunjuelo-Canoas, en Bogotá, se adjudicó a Odebrecht y sus socios mediante corrupción.
En el segundo día de audiencias contra el ingeniero Andrés Cardona Laverde, señalado enlace entre los sobornos de Odebrecht y los cerebros del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá, se expusieron evidencias y testimonios que, inexplicablemente, no se movieron en la administración de Eduardo Montealegre a pesar de que obraban en expedientes desde el 2013.
El fiscal del caso señaló que además de los mil millones de pesos que el consorcio que hizo la obra supuestamente les entregó como soborno, a través de Cardona, a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, hubo pagos irregulares a concejales, exfuncionarios y otros contratistas.
Entre ellos figuró el de los 255 millones de pesos que el 15 de julio del 2010 le entregaron al abogado Manuel Sánchez Castro –quien después se convirtió en testigo del proceso– para que la empresa que él asesoraba se apartara de la puja por el negocio, de 240.000 millones de pesos. Esa plata la entregó el ingeniero Orlando Fajardo Nieto, que es reconocido como otro de los grande contratistas de obras públicas en Bogotá.
El cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los protagonistas del ‘carrusel’ de contratos, señaló en el 2013 que Cardona se encargaba de ubicar y negociar con los contratistas para garantizar que las obras se entregaran a quienes iban a pagar millonarias coimas.
“El señor (Jorge Enrique) Pizano era el gerente de la empresa (de Acueducto), pero existía una persona que era el responsable de todos los contratos y de las recomendaciones para los cargos, para poder dar cumplimiento a la orientación de la adjudicación de los contratos, esa persona era Andrés Cardona. Él era la verdadera persona a cargo del acueducto”, le dijo Tapia a la Fiscalía.
Escondido en un hotel
La noche del miércoles un juez de Paloquemao decidía si, como lo pidieron Fiscalía y Procuraduría, enviaba al ingeniero Cardona Laverde a prisión. Entre los argumentos para pedir cárcel hay interceptaciones de los últimos días, que muestran que Cardona estaba refugiado en un hotel y que desde allí se comunicó con su esposa y la instruyó en caso de que los investigadores fueran a su casa a buscarlo.
Igualmente, se detectó que le envió a Pizano Callejas un documento en el que le daba instrucciones de cómo responder a una entrevista radial para negar cualquier tipo de relación.
En otra interceptación, Cardona le dice a un allegado: “Estoy organizando lo económico, por si me cogen”. La Fiscalía señaló que el capturado ha ocultado documentos importantes para el proceso y que, de recuperar a libertad, podría obstruir la investigación. Además, señaló que existe alto riesgo de que salga del país para eludir la acción de la justicia.
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