Desde el pasado 10 de febrero, un sentimiento de zozobra se propagó entre los cientos de integrantes del pueblo Barí, en Norte de Santander, cuando se percataron de la marcha inusual de un grupo de hombres, armados y vestidos de negro, en el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú (Norte de Santander), horas después de que una tropa de las Farc levantó su campamento de preconcentración para partir hacia la zona veredal transitoria de Normalización, en Caño Indio.
Esta preocupación fue resumida en el ‘Informe sobre situación de vulneración de derechos humanos’, el cual fue presentado ayer en la ciudad de Cúcuta por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí.
El pronunciamiento indígena se une al clamor de los campesinos del Catatumbo, quienes también han alertado sobre una posible ocupación de fuerzas paramilitares en los territorios en donde operaban las Farc, que están ad portas de un proceso de desarme.
“Tras la presencia de este nuevo grupo armado se pone en riesgo a nuestras comunidades, que viven en la región, en los sectores de Caño Tomás y la Cooperativa Río de Oro, por lo cual alertamos sobre esta situación para solicitar prevención y protección por parte del Gobierno”, sostiene el informe.
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La posible irrupción de un nuevo actor armado, un hecho que ha sido desvirtuado en las visitas adelantadas por el Ejército, el Ministerio Público y las autoridades locales, ocasionó una resistencia campesina, liderada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que retrasó la llegada de la última facción del frente 33 del grupo guerrillero a la zona veredal.
Según el informe, algunas comunidades ancestrales se tropezaron con estos sujetos armados, durante los recorridos que suelen hacer por los tramos cercanos a la vereda Las Timbas, La 60 y La 40, del corregimiento de La Gabarra, donde fueron vistos por primera vez.
Los indígenas reclamaron una mesa de diálogo con autoridades departamentales y nacionales para presentar sus reclamos ante una escalada de violencia que pondría sus territorios en riesgo, al tiempo que rechazaron el anuncio del Ministerio de Defensa de aumentar el pie de fuerza en esta región del país.
“Nos preocupa que más militares y helicópteros obstaculicen nuestros desplazamientos, las actividades ceremoniales y rituales, y reduzcan nuestros territorios en un afán por mejorar la seguridad (…) En lugar de eso, deberían traer mayor inversión social, más carreteras y colegios, que nos brinden mejores oportunidades”, afirmó Ashcayra Arabadora, líder indígena.
La asociación anunció que habrá un consejo de caciques en los próximos días para decidir si se interpondrán las respectivas denuncias ante la justicia sobre estos hechos, que aún son investigados por las autoridades.
CÚCUTA
