El municipio de Orocué, que se ubica a orillas del río Meta, en Casanare, se ha consolidado como un potencial turístico de la región gracias a la presencia de delfines rosados que prefieren las aguas cálidas de sus corredores fluviales.
Sin embargo, la aparición de dos toninas muertas (como también son conocidos estos animales en vías de extinción) sobre la orilla del río Meta a 20 kilómetros del casco urbano, alertó a los pescadores y autoridades de la región.
Según las primeras versiones que se conocen, la muerte de los dos animales estaría relacionada con la extracción del aceite propio del delfín que en el mercado negro puede llegar a comercializarse hasta por 50.000 pesos por botella.
De acuerdo con el capitán Andrés Ladino, comandante del puesto fluvial de Orocué, de una sola tonina se pueden sacar entre 100 y 150 botellas, por lo que se estaría hablando de un lucro de hasta de seis millones de pesos.
Ladino sostuvo que luego de recibir información de pescadores de la región sobre la presencia de gente extraña en la zona, efectuaron operaciones de vigilancia, interdicción y seguridad con unidades de la Armada Nacional y encontraron unas mallas que son antirreglamentarias, ya que están hechas de un material sintético con algunas compresas de plomo, lo cual está totalmente prohibido.
“Los pescadores ilegales instalan estas mallas donde quedan atrapados algunos peces, luego llegan las toninas a alimentarse, momento que aprovechan para puyarlas con objetos cortopunzantes y causarles la muerte”.
Frente a la denuncia, la encargada de la oficina de atención de quejas de Corporinoquia, Andrea Consuelo López, señaló que la competencia en este caso cae sobre la Armada Nacional, la Corporación de Orinoquia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).
“Por un lado, la Armada es la autoridad policiva que viene haciendo toda la protección de la zona; la Corporación participa porque los delfines son una especie mamífera de fauna silvestre, y la Aunap, porque la muerte de los animales se da por la motivación que tienen pescadores ilegales en extraer un subproducto de ellos”.
La funcionaria agregó que desde el lado de ellos se abrió una indagación preliminar para comenzar todas las investigaciones y procesos sancionatorios ante cualquier afectación ambiental a la fauna silvestre.
Los pescadores que dieron muerte a las dos toninas podrían enfrentarse a sanciones económicas, administrativas o ambientales, todo dependiendo de las condiciones del análisis que Corporinoquia haga de las variables a tener en cuenta en el proceso sancionatorio.
Por su parte, Ladino señaló: “Esto es un proceso sancionatorio ambiental y es un delito penal por el uso ilegal de los recursos naturales, además, con el agravante de que es un animal en vía de extinción. Quienes hicieron esto pueden recibir ocho años de prisión”.
En cuanto al paradero de los responsables, el comandante del puesto fluvial de Orocué indicó que luego de que hicieron presencia en el lugar, recibieron información de que salieron hacia el sector de Puerto López, donde se alertó y comenzaron registros para evitar que esta situación se repita en esa región.
POLÍTICA