Cerca de 200 personas obstruyeron el avance de un operativo militar contra un laboratorio para el procesamiento de coca que fue descubierto por tropas de la Brigada Móvil No. 30 del Ejército, en la vereda Caño Rayo del municipio de Tibú (Norte de Santander).
Según un comunicado emitido este miércoles por la institución, cuando los soldados adelantaban el procedimiento y realizaban las capturas contra dos personas por presunta producción de estupefacientes, los pobladores de esta región del Catatumbo se opusieron a las acciones de la Fuerza Pública, reteniendo a los 35 efectivos que desempeñaban las labores de aprehensión y desmonte de la infraestructura.
“Posterior al hecho, las unidades reportaron que aproximadamente 200 campesinos, bloqueaban el avance de los soldados y el procedimiento operacional, obstaculizando la labor del personal militar en la conducción de los capturados que serían puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes”, indicó el Ejército.
Horas más tarde del incidente, ocurrido el fin de semana, altos oficiales de la Fuerza de Tarea Vulcano sostuvieron un encuentro con el alcalde de Tibú, Alberto Escalante, integrantes del Ministerio Público y miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), en el que se decidió retirar las medidas de aseguramientos contra los detenidos Samuel Quintero y Plácido Rojas.
Por su parte, las comunidades, vinculadas a Ascamcat, se pronunciaron a través de una misiva asegurando que “este procedimiento pone en evidencia que el Gobierno Nacional a través de las Fuerzas Militares sigue con la estrategia de atacar al campesinado cultivador y trabajador de hoja de coca en vez de enfocar sus esfuerzos en desmantelar el paramilitarismo en la región”.
Asimismo, esta agremiación explicó que los ‘obreros’ capturados se encontraban trabajando dentro de un corte de coca, cuando fueron abordados por los militares, quienes destruyeron herramientas e insumos de su labor como labriegos.
“Se hace entonces necesario que de forma inmediata comience el proceso de implementación de lo acordado en La Habana. El desmonte del paramilitarismo, la seguridad de las comunidades y las garantías de protección de nuestros Derechos Humanos, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la verdadera presencia de las instituciones estatales en nuestros territorios y la inversión social para el campo colombiano”, concluye la comunicación campesina.
CÚCUTA