En la redada de la Fiscalía contra la corrupción en La Guajira, uno de los departamentos más pobres del país, varios exgobernadores, alcaldes y funcionarios han sido capturados.
La semana pasada, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel la Picota al exgobernador de La Guajira Wílmer González Brito.
El mandatario, que llevaba tan solo tres meses en su cargo, fue acusado de irregularidades durante su campaña a la gobernación en noviembre pasado. Según la Fiscalía, en el departamento se entregaron mercados, tejas, cemento, material para fabricar artesanías y hasta chivos a comunidades pobres para conseguir votos.
González hace parte de la larga lista de exmandatarios de esa región investigados. La exgobernadora Oneida Pinto, quien ha logrado que en dos oportunidades se aplace la audiencia de imputación de cargos en su contra, es investigada por presuntas irregularidades en un contrato de $ 16.800 millones para reducir la mortalidad infantil en Albania (La Guajira), cuando era alcaldesa.
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Pinto deberá responder en la audiencia que se desarrollará el próximo 21 de marzo por peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado.
Y en noviembre pasado fue capturado el exgobernador Jorge Eduardo Pérez en un proceso por peculado. La Fiscalía lo acusa de apropiarse de 26.000 millones de pesos destinados a la construcción de megacolegios en ese departamento.
También se investiga el programa de alimentación escolar (PAE). Allí, la Fiscalía encontró que se perdieron 1.176 millones de pesos por irregularidades en el suministro de complementos alimentarios en la jornada regular y almuerzos a los alumnos de jornada única en colegios urbanos y rurales de Riohacha. Por estos hechos fue capturado y enviado a prisión el pasado 2 de febrero Fabio David Velásquez Rivadeneira, actual alcalde de Riohacha.
Además, se indagan presuntas irregularidades en la investigación sobre el dengue. Se trata del convenio 019 del año 2014, por un valor de $ 17.500 millones, entre la Gobernación y la corporación sin ánimo de lucro Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (OLFIS). En estos actos de corrupción están involucrados Fredy Alexander Díaz Quijano, contratista representante legal de OLFIS, y el exgobernador José María Ballesteros, entre otros funcionarios.
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Según la Fiscalía, faltó objetividad para seleccionar al contratista, pues cuando se le entregó el convenio contaba apenas con un capital de 5,5 millones de pesos, lo que le impedía poder cumplir con el contrato. Y advirtió que de los 4.600 millones entregados a la administración departamental, cerca de 360 millones se usaron para actividades no relacionadas con el contrato, como pagos de vehículos y sobrecostos en insumos.
Líderes sociales esperan soluciones
En medio de las dudas y la crisis que han dejado una seguidilla de mandatarios involucrados en casos de corrupción en La Guajira, la Gobernación espera que la intervención que el Gobierno anunció para el manejo de los recursos de educación, salud y agua potable en el departamento traiga soluciones.
“Qué bueno que venga el Estado, para que sepa que nosotros no estamos despilfarrando nada”, dice Jorge Céspedes, secretario de Educación de La Guajira. En salud, las deudas ascienden a 37.000 millones de pesos, según el secretario de Salud Departamental, Cesar Ballesteros.
Por su parte, el secretario de Obras públicas, Delay Magdaniel, señala que “prácticamente el departamento está intervenido; los proyectos son aprobados desde Bogotá y no se tiene ningún manejo en el Plan Departamental de Aguas, que cuenta con recursos por el orden de 152 millones de dólares, incluyendo el crédito de 90 millones de dólares del Banco Mundial”.
En el Plan Departamental de Aguas, varias obras, como la laguna de oxidación de Riohacha, están suspendidas por problemas con las comunidades indígenas, lo cual deberá ser sorteado por el Gobierno Nacional.
EL TIEMPO
