El Gobierno Nacional intervino de urgencia el departamento de La Guajira, lo que permitirá, por lo menos durante tres años, que el Ejecutivo asuma desde Bogotá el manejo de todos los recursos de salud, educación y agua potable que destina la Nación a ese departamento.
De manera simultánea, estudia la posibilidad de decretar una emergencia económica y social, lo cual ampliaría a otras áreas el control del departamento por la Nación.
La intervención de La Guajira fue decidida el martes luego de una reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), para darles un manejo transparente a los cerca de 785.000 millones de pesos que por estos tres conceptos le transfiere el Gobierno al departamento anualmente, los cuales –hasta el momento– no han redundado en una mejor calidad de vida para sus habitantes.
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La Guajira es un territorio que durante años ha estado condenado a la pobreza, Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 55,8 por ciento de la población vive en la pobreza, el 85 por ciento de los habitantes se encuentra en la informalidad y el 11 por ciento padece desnutrición crónica, especialmente los niños menores de 5 años.
Por si fuera poco, La Guajira carga otra pesada cruz: la corrupción. Durante décadas, el departamento ha vivido una tradición de gobernadores y alcaldes destituidos por malos manejos administrativos.
Wílmer González Brito, el recién elegido gobernador del departamento, quien duró menos de cuatro meses en el cargo, se encuentra hoy preso por irregularidades en su elección. El departamento ha tenido cinco gobernadores en los últimos seis años.
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Para evitar que se siga despilfarrando el dinero, a partir de ahora los $ 513.000 millones destinados a educación, los $56.000 millones para agua y los $ 216.000 millones de salud serán administrados por los ministerios de Salud, Educación y Vivienda, que trabajarán con las autoridades locales para garantizar la prestación de estos servicios.
“Con esta decisión cesan de inmediato las funciones como ordenadores de gasto de los secretarios departamentales de Salud y Educación, así como de la persona encargada en la Gobernación de La Guajira de administrar el Plan Departamental de Aguas”, indicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
La intervención del Ejecutivo tiene una duración inicial de tres años. Sin embargo, según aseguró el director del DNP, Simón Gaviria, el plazo se podría acortar o ampliar dependiendo del éxito del plan.
Entre las razones que encontró el Gobierno para hacer la intervención se encuentra que, por ejemplo, en materia de salud no existe en el departamento una red pública de hospitales certificada, por lo cual no se pueden hacer inversiones en estas instituciones y hay deudas acumuladas por 35.000 millones de pesos, que afectan el acceso y calidad del servicio.
“Se superaron los topes autorizados para gastos administrativos en más del ciento por ciento. Recursos que deberían financiar jornadas de vacunación se gastan en sillas y papel para oficinas”, señaló el Gobierno.
El panorama de la educación tampoco es alentador. Se encontró que La Guajira es el único departamento del país que a la fecha no ha empezado la jornada escolar para cerca de 15.000 niños.
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“En alimentación escolar, durante el segundo semestre del 2016, en doce de los quince municipios no se ejecutó el dinero destinado para la prestación del servicio”, indica el documento.
En materia de agua y saneamiento, las coberturas están por debajo del promedio nacional, y solo tres municipios de 15 suministran agua apta para consumo.
“El departamento no ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, por cerca de $ 39.101 millones”, dice el Conpes.
El Gobierno prepara más medidas de urgencia.
Políticos cuestionados han tenido aval de Cambio Radical
Algunos de los avales que ha entregado Cambio Radical en La Guajira lo tienen en el ojo del huracán.
El alcalde Fabio Velásquez fue uno de sus avalados en el 2015. Y aunque el partido lo expulsó tras su detención, él interpuso un recurso, al parecer, para tratar de ganar tiempo y proponer la terna para reemplazarlo. Velásquez llegó al cargo con el apoyo de la exgobernadora Oneida Pinto, quien fue destituida y tiene varios procesos en su contra.
Ella llegó con aval de Cambio Radical, al igual que uno de sus principales promotores, el exgobernador ‘Kiko’ Gómez, hoy condenado.
El gobernador Wílmer González llegó al cargo avalado por ‘la U’ y el Partido Conservador.
Ahora la Gobernación y la Alcaldía están en manos de los secretarios de Gobierno, mientras el Gobierno Nacional hace los encargos. En el caso de Riohacha, por ser Distrito Turístico, estos no los hace el Gobernador sino la Presidencia.
EL TIEMPO