El pasado lunes 20 se cumplieron quince años del día en que el entonces presidente Pastrana puso fin a las negociaciones de paz del Caguán, cuando las Farc desviaron un avión de Aires para secuestrar al senador Jorge Eduardo Géchem. Recuerdo esa noche porque me encontraba en el teatro Colón, en compañía del expresidente López Michelsen. Cuando el presentador interrumpió el evento para anunciar la ruptura, el salón estalló en aplausos en típica actitud emocional.
Cuántas cosas pasaron desde entonces. Cuántos policías y soldados muertos inútilmente. Cuántas víctimas civiles en actos terroristas, incluido el de El Nogal. Cuántos guerrilleros, jóvenes colombianos enterrados como NN. Cuántos secuestrados o muertos en cautiverio, como el mayor Guevara, el cabo José Norberto Pérez, el exministro Gilberto Echeverry y el exgobernador Guillermo Gaviria, ¡entre tantos otros! En medio de la confusión actual, muchos parecen no entender la importancia del cese del fuego que impedirá que mueran más colombianos.
Corrupción, paz, reformas políticas son temas que se miran con demasiada superficialidad y total ausencia de sentido crítico. Es cierto que el caso de Odebrecht ha puesto al descubierto el dañado y punible ayuntamiento entre contratistas y políticos deshonestos. Pero como lo señaló Gabriel Silva en su columna, pocos países como Colombia en los últimos 25 años han procesado y llevado a la cárcel a tantos altos funcionarios.
Ahora otra vez está de moda hablar de la ‘cruzada anticorrupción’. Y, obviamente, también se buscan réditos políticos. El ambiente está dado para propuestas facilistas y populistas, como la de reducir el sueldo de los congresistas o limitar el periodo de los parlamentarios. El sueldo nada tiene que ver con la corrupción. Congresistas como Robledo o Navarro llevan varios periodos y son un ejemplo para seguir. Bula apenas estuvo pocos meses como senador.
Lo que hay que hacer es permitir que, sin presiones, las autoridades judiciales hagan su oficio. La Fiscalía General, en poco tiempo, llevó a la cárcel a tres de los implicados y sigue su labor investigativa.
Los ciudadanos tienen que entender que en ocasiones la celeridad atenta contra la eficacia y el debido proceso. La remisión al Consejo Electoral de la declaración de Bula, para el asunto de la probable violación de los topes, no puede impedir que el ente acusador siga haciendo su trabajo de investigación. Curiosamente, al fiscal Martínez unos lo acusan de buscar favorecer al Presidente y otros, de tratar de minar su credibilidad, no siendo cierto ni lo uno ni lo otro. Hay que darle sus tiempos a la justicia.
Para descalificarlo, se ha pretendido encontrar prematuramente una causal de impedimento asociada a su actividad profesional anterior. Las causales de impedimento (amistad íntima, enemistad grave, interés en los resultados del proceso) son taxativas y no pueden deducirse por presunción. En primer lugar, en el caso del titular, la causal de impedimento se presentaría cuando él deba asumir directamente la investigación. Y en segundo lugar, cuando en el proceso surja expresamente el hecho que la origine. No antes.
He sido y soy un convencido de la bondad del proceso de paz y de la forma como se está manejando. Pero no puede establecerse una relación entre algunas objeciones que pueda tener el Fiscal, la mayoría salvables, y su decisión de comunicar lo que hasta entonces le señalaban sus funcionarios en relación con el caso Odebrecht, que apenas comienza a desentrañarse. Se olvida que Martínez Neira tiene como su segunda de a bordo a nadie menos que María Paulina Riveros, gran jurista que estuvo prácticamente todo el tiempo en La Habana durante el proceso de negociación.
No cabe duda de que el Fiscal, conociendo el antecedente del 20 de febrero del 2002, y por la vía del consenso, facilitará que cuanto antes el Congreso dé vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del proceso.
Alfonso Gómez Méndez