En las sociedades humanas se presentan, de manera cíclica, periodos de conmoción social sistémica, que algunos expertos identifican como crisis de transformación. Estos periodos a veces transcurren sin que los ciudadanos que la padecen se percaten de la importancia de sus sucesos. Muchas veces la ven como una crisis más, sin distinguir los elementos embrionarios de una renovación social, y luego observan, con resignación, cómo la sociedad se reacomoda a la crisis en un eterno retorno doloroso.
La Guajira vive hoy un periodo de caos social, que contiene todos los elementos propios de una crisis de transformación. Esta situación la identificamos como el agotamiento de un determinado sistema de poder sin capacidad de renovación y disfuncional ante los retos de fuerzas ciudadanas que exigen profundizar la democracia. Se presenta, entonces, una confusión multisectorial, un efecto dominó de la desesperanza que golpea las estructuras del bienestar material y del bienvivir espiritual, que afecta dramáticamente todas las esferas de la sociedad, desde el espacio íntimo de los hogares hasta las acciones de la administración pública, pasando por el orden público, los modelos educativos y la inversión privada. Se trata de una espiral que abarca lo urbano, lo rural, los resguardos y los territorios ancestrales.
Esta crisis de transformación exige un estudio a fondo sobre su origen, los agravantes, los efectos y las soluciones posibles. Ante esto, desde el seno de la sociedad civil deben salir iniciativas organizadas de compromisos integrales para la transformación real de La Guajira.
Los hechos actuales de ingobernabilidad (con siete gobernadores en un periodo de 5 años), una deuda fiscal casi impagable, con un crecimiento acelerado de la desnutrición infantil (ante un avance aritmético de la agricultura en el departamento), con medidas cautelares de la CIDH, con el activismo del campamento de paz en Conejo, la violencia organizada de los grupos neoparamilitares, la quiebra del sistema hospitalario, el choque desigual entre las comunidades defensoras de las fuentes hídricas con las multinacionales del carbón, el desempleo galopante, la delincuencia común desbordada, el creciente sentimiento anticentralista, entre otros, hacen de La Guajira un laboratorio social de alta complejidad, que atrae todo el interés nacional y del cual puede emerger un modelo de renovación político-administrativa con repercusión en otras regiones del país.
Las perturbaciones sociales de La Guajira exigen una atención integral, con la participación conjunta de los tres poderes estatales y en diálogo con la sociedad civil guajira. Esto abriría nuevos caminos para sembrar jurisprudencias en temas muy sensibles para la población, como lo son: la autonomía territorial indígena, la inclusión eficaz de los sectores vulnerables y los derechos económicos comunitarios.
Si el Gobierno Nacional, en la responsabilidad que le compete, no visualiza la ebullición de un momento excepcional de transición en el cual se pueden formalizar acuerdos o pactos sociales que garanticen caminos hacia una transformación socioeconómica, que permita avanzar en democracia real a la población guajira, entonces, sencillamente, tendremos otra oportunidad histórica perdida para derrotar el perverso poder político inmoral que mezcla la inversión de lo público con la criminalidad del lucro ilimitado.
Esta crisis guajira presenta un terreno propicio para la implementación de medidas, por medio de un pacto social marco, que permitan saltos democráticos en los derechos fundamentales, seriamente recortados en este oscuro periodo de exclusión, corrupción e incompetencia.
Un pacto social marco que facilite la puesta en marcha de verdaderas políticas públicas para dar por terminado el feudalismo político guajiro y, a su vez, el tratamiento de minoría de edad del Gobierno Nacional a las regiones, crear órganos consultivos ciudadanos, dar participación como sociedad comunitaria en las próximas explotaciones de los yacimientos de petróleo y gas ‘offshore’ (pozos Molusco y Orca II), llevar a cabo una reinterpretación cultural de la frontera y de nuestro nativismo caribe, ir hacia las nuevas autonomías indígenas, lograr la transparencia y el control social de la contratación pública y la igualdad electoral en la financiación y acceso a los medios; entre otras.
Un pacto social marco con la participación de todos, que garantice la realización de los esfuerzos para alcanzar soluciones no episódicas o coyunturales, sino sustentables en el tiempo, conducentes a una nueva época de transformación social perdurable.
De lo que se acuerde en La Guajira puede estar la punta de lanza del nuevo país.
Miguelángel Epeeyüi López-H
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