El peaje de Barú, que estaría ubicado antes del puente sobre el Canal del Dique, sólo tendría cobro en el sentido Cartagena- Barú, y los recursos serían destinados para labores de mantenimiento vial, con un 50 por ciento sobre el total de recursos percibidos.
De ser aprobado el proyecto por el Concejo de Cartagena, en junio del presente año estarían instaladas las casetas, previa licitación.
Así lo sostuvo ayer Jorge Luis Marimón, Director de Valorización Distrital en la audiencia pública ante el cabildo de la ciudad, entidad que debe dar la última palabra sobre el polémico proyecto de peaje para la Isla de Barú, del cual, además, saldrán recursos que serían destinados para inversión social en la isla.
Pero, según el Centro de Estudios del Trabajo, Cede trabajo, la Ley 105 de 1994 y la Sentencia C 482 de 1996, señalan que los ingresos que son obtenidos por los cobros de peajes solo pueden ser utilizados para el mantenimiento, operación y desarrollo de las vías donde están ubicados dichos peajes y no para inversión social, como lo ha prometido el Distrito.
Nativos de los corregimientos insulares y ciudadanos representantes de varias organizaciones que tomaron la palabra en el salón de sesiones del Concejo, y expresaron sus posiciones sobre la propuesta radicada ante el cuerpo edilicio para el periodo de sesiones extras.
Comunidad preocupada
“Después del golpe de la Reforma Tributaria, las comunidades que se movilizan por esta región no soportan un egreso más”, asegura Nelson Rivero, líder de esta zona insular.
Pero el Distrito se defendió y recordó que el Proyecto de Acuerdo establece en su artículo cuarto que “los nativos o residentes en los corregimientos se Santa Ana, Barú y Ararca no pagarán tarifa del peaje por los vehículos de su propiedad”.
No obstante varios asistentes sostuvieron que los más perjudicados sí serán las poblaciones locales, pues el impacto que sufran los turistas y visitantes en sus bolsillos lo padecerán los lugareños de manera indirecta.
Según el ex concejal David Múnera, el proyecto tiene problemas de legalidad, y pidió no aprobar en primer debate esta iniciativa.
Por su parte Jorge Mendoza Diago, integrante de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar sugirió no tomar como referencia las tarifas de otras vías.
“Si esta es la forma de proteger a la isla apoyamos al gobierno”, manifestó José Rodríguez, del Consejo Comunitario de Santa Ana, una de las poblaciones que será directamente impactada por el peaje.
"Falta soporte técnico, faltan estudios, conceptos e incluso, hay problemas de legales y compensación que no contempla la ley 105, están comparando el año 2005 con el 2007”, expresó el concejal César Pión, quien dijo además que "el proyecto está muy crudo y no darán los tiempos para ser discutido debidamente”.
En tres días, la Comisión Primera del Concejo (del plan y bienes) será la encargada de dar un pronunciamiento y decidir si el proyecto se hunde o queda vivo para votarlo en segundo debate, con la participación de toda la plenaria.
