Varios de los interrogantes planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con respecto a cumplir el cronograma para la dejación de armas, teniendo en cuenta el retraso en la adecuación de algunas zonas veredales, quedaron resueltos el martes en la reunión que llevó a cabo la ONU, el Gobierno y las Farc.
Uno de los principales puntos de discusión precisamente era dónde las Farc depositarían las armas, pues los contenedores de la ONU para este fin no han sido instalados.
En respuesta, el general Javier Flórez, delegado del Gobierno para la seguridad de las zonas, aseguró, en una rueda de prensa que “si bien no están los containers, sí hay unos cajones especiales para depositar ese armamento” y que estos contarán con la seguridad de las Naciones Unidas.
“De igual forma, el tema de la dejación de armas es un tema recurrente que se ha venido trabajando con el Secretariado de las Farc y el 17 en el Yarí se firmó un compromiso ratificando lo acordado en La Habana en lo que tiene que ver con la dejación de las armas que se inicia con la entrega, a partir del primero de marzo, de las primeras armas”, dijo el alto oficial.
Lo cierto es que tanto el Gobierno, como la ONU y las Farc están trabajando en resolver los incidentes en el desarrollo de los acuerdos.
El Ejecutivo, por su parte, reconoció que a pesar de que hay dificultad en la adecuación de los espacios, se avanza a toda máquina para la implementación del acuerdo.
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Aunque está claro que se cumplirá con el calendario de 180 días para que las Farc hayan entregado todas su armas a la ONU, las Farc hablan de una eventual recalendarización, es decir modificar dentro del plazo final, los tiempos para la dejación de las armas, que será en tres etapas.
“El marco de los 180 días para la dejación de armas se mantiene intacto”, dijo en la mañana de este martes el comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Esto significa que en este lapso, ningún combatiente debe tener en su poder ni un fusil ni una pistola.
Sectores interesados en "sabotear"
Pero si bien el Gobierno dio el martes como un hecho que el desarme de las Farc comienza el primero de marzo y que concluye el primero de junio (de acuerdo con el cronograma acordado en La Habana), esa guerrilla se lamentó que se esté apurando el cumpliendo de este punto mientras hay otros temas del acuerdo que sigue sin resolverse
A través de una carta enviada a Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU, mencionan que hay sectores interesados en “sabotear” el trámite de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que todavía no hay seguridad jurídica para los guerrilleros y que ni siquiera han terminado de salir de las cárceles los amnistiados, entre otros puntos.
Pero lo puntual, en lo que tiene que ver con la dejación de las armas, es un hecho que comenzará el próximo primero de marzo, según lo reveló el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.
Explicó que “la entrega del armamento físico la iniciamos a partir del primero de marzo, el 1.° de mayo el restante 30 por ciento y el 1.° de junio el restante 40 por ciento”.
Básicamente lo que se ha hecho es un ajuste de los tiempos para cumplir en cronograma. La idea es que el próximo primero de junio todas las armas de las Farc ya estén en manos de Naciones Unidas.
‘Jesús Santrich’, uno de los líderes de las Farc, le dijo el martes a EL TIEMPO que la dejación se iniciará con cerca de 420 armas: 10 por cada una de las zonas y puntos de concentración (es decir 260), 60 a nivel nacional y cerca de 100 de guerrilleros que harán parte del mecanismo de monitoreo.
El número total de las primeras armas las entregarán los miembros de las Farc que se dedicarán a hacer pedagogía para la paz.
“Estamos dispuestos a presentar a la mayor brevedad las listas de los compañeros y compañeras que deben moverse por todo el país haciendo pedagogía de paz”, se lee en la carta del Estado Mayor de las Farc a Arnault.
De todas maneras ‘Santrich’ aseguró que las Farc están trabajando para concluir la lista de esos guerrilleros.
Interrogantes
Fecha límite para listado de menores
Jaramillo también anunció este martes que las Farc se comprometieron a entregar el próximo viernes, 24 de febrero, el listado de los menores de 18 años que se encuentran en sus filas.
“En el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, se adquirió este compromiso de entregar la lista con el consolidado de los menores que hacen parte de esta organización”, manifestó Jaramillo.
El Comisionado para la Paz agregó que paralelamente a este proceso, el Gobierno se encuentra trabajando en la adecuación de 10 lugares en el país para acoger a los menores de forma transitoria, donde comenzarán su proceso de reincorporación a la vida civil.
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Este anuncio va en consonancia con lo acordado la semana pasada, en el sentido de que a comienzos de abril los menores de edad que forman parte de las Farc tendrán que haber abandonado las filas del grupo guerrillero.
Durante la rueda de prensa también se hizo referencia a una denuncia hecha por el canal 'Red+Noticias', en la que se asegura que en diciembre, en menos de 24 horas, el Gobierno contrató casi 53.000 millones de pesos con cinco empresas para la construcción de las zonas veredales.
“Además de la premura con que fue hecha la contratación, los beneficiarios no tienen, según su constitución ante la Cámara de Comercio, ni la experticia en construcciones civiles ni el músculo financiero para hacerlo”, indica la denuncia.
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Al respecto, el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, explicó que “no hubo nada irregular en la contratación”.
“Muchos de los contratos se hicieron en un solo día porque había urgencia manifiesta, pero los proveedores tienen experticia en el modelo de atención humanitaria, atienden emergencias, terremotos y temas de frontera”.
Vélez explicó que una de las exigencias para escoger a los proveedores era que tuvieran experiencia en el manejo de temas humanitarios, pues “a muchos guerrilleros fue necesario recibirlos casi como si vinieran de una crisis humanitaria”.
Gobierno explica contratos
Tras una denuncia del canal Red+ Noticias, en la que se asegura que en diciembre, en menos de 24 horas, el Gobierno contrató por casi 53.000 millones de pesos la construcción de las zonas veredales. Luis Vélez, secretario general de la Presidencia, dijo que “no hubo nada irregular”. Y que “muchos contratos” se hicieron en un solo día porque había urgencia, pero que los proveedores tienen experticia en atención.
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