Llegó el momento de la implementación de la tan esperada Ley Estatutaria de Salud, pero aún no sé si los colombianos estamos ante una ilusión o frente una realidad pragmática. ¿Será que con esta norma habrá un verdadero desarrollo en el sector?
La ley, en el papel, obliga al Estado a prestar la salud, ya no es posible negar este derecho en ningún ámbito y los pacientes, sin excepción podrán acceder a todos los tratamientos requeridos para su recuperación. Así las cosas, el Gobierno deberá garantizar la sostenibilidad fiscal y monitorear en forma permanente el acceso, goce y calidad de este servicio.
La Estatutaria prioriza la atención primaria con énfasis en niños, adolescentes embrazadas, desplazados de la violencia, personas en situación de discapacidad y enfermedades huérfanas. La norma, también es clara sobre las políticas de control a la industria farmacéutica, la autorregulación de la autonomía médica y la atención a poblaciones marginadas, entre otros aspectos.
¿Cuál será su verdadero impacto en el sistema?
Para empezar ¿No está claro cuál fue la definición de salud que utilizaron para convertirla en derecho? Parece que siguen viendo este servicio bajo la definición de la Organización Mundial de la Salud de 1948. La salud no es únicamente bienestar, aclaro; el término implica más que condiciones físicas y bien público. Es clave acercarse un poco al mundo de la medicina, para luego definir el “derecho a la salud”.
¿Cómo va a ser el crecimiento del gasto de salud en el contexto del Producto Interno Bruto? Como derecho constitucional, según los expertos, éste será de al menos dos puntos, sobre el estimado actual. ¿Este aumento ya está considerado y reservado para los próximos años? De acuerdo al Banco Mundial, Colombia para la salud tiene 7.2 puntos del PIB, con un promedio de la región de 6.3; Norteamérica, 16.5; y la Unión Europea, 10.4.
El sistema se había diseñado con un conjunto de medicamentos, insumos y tecnologías que se consideraban como el plan de beneficios y era el famoso listado POS (Plan Obligatorio de Salud); lo que allí no se encontraba, por defecto se excluía y era llamado el listado NO POS. El dinero de la UPC (estaba diseñado para el listado POS y por la vía de Comité Técnico Científico se accedía al NO POS, el cual se financiaba por el FOSYGA y recobros especiales.
Ahora pasamos a un listado del todo cubre y solo habrá uno de “exclusiones”. Es lo mismo pero diferente. Realmente es un tema semántico. Todo está incluido, excepto lo que no está incluido. Parece un juego de palabras que muestra mejoría. Por obvias razones, debe existir regulación.
Lo cosmético, lo que no tenga evidencia científica demostrable, eficiencia, eficacia y seguridad clínica será excluido. La duda es si solo el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS) será capaz de dar estas directrices o se irán uniendo gremios, sociedades científicas, asociaciones de pacientes que puedan tener algún tipo de conflicto de interés.
Con la fuerza que ha tomado la corrupción en nuestro país debemos estar atentos a los giros que puedan presentar en este nuevo escenario la industria farmacéutica, las tecnologías en salud, los nuevos tratamientos y tendencias estéticas para no caer en esa lista de exclusiones.
En la Estatutaria no hay claridad sobre las exclusiones ni sobre lo que el sistema pueda pagar. La estrategia es lograr que todo esté en la lista de las “inclusiones”. Entonces, ahí se vislumbra un crecimiento del gasto en salud y como nos dijeron que la tutela no sería tocada ni abolida para estos efectos, ya tendremos noticias sobre los fallos judiciales obligando a incluir esto o aquello en la lista de nuevos costos.
Parece que con el júbilo inmortal de este nuevo derecho olvidamos que el UPC paga por cada colombiano a las Empresas Prestadores de Salud –EPS- y que estos recursos no son infinitos, que existe un techo.
No parece evidenciarse en la ley el llamado gasto de bolsillo, es decir la obligación de los ciudadanos de cubrir con su dinero lo que este por fuera del sistema. ¿Pero cómo explicarles si hoy ya es un derecho constitucional? Un estudio publicado en 2013 por la Organización Mundial de la Salud, muestra que el país con más alto gasto de bolsillo en América Latina es Venezuela, con un 66%; y el más bajo, Colombia, con un 14%.
Dependiendo la política de cada nación y los sistemas de aseguramiento hay un mix que reparte entre el Estado y los ciudadanos el aseguramiento este gasto. Lo preocupante es creer que todo está cubierto y que no tengamos presente que hay unos recursos fijos en el presupuesto nacional.
Otro aspecto es el de la autonomía médica. En la nueva ley, el médico es el ordenador del gasto. Las sociedades científicas venían solicitando a gritos tener la libertad de formular y tratar los pacientes, sin los controles de la auditoria que la Ley 100 había impuesto, para evitar que el egreso fuera mayor al ingreso.
¡Muy bien! Como los médicos estamos registrados en una base de datos del Ministerio de Salud, en la que aparecemos con nombres completos y nuestro respectivo número de cédula, ahora podemos formular sin barreras y el tiempo de respuesta para los inicios de tratamientos de los pacientes es casi inmediato.
Suena muy bien. A través de esta base de datos se podrá hacer el seguimiento de los perfiles de formulación de los médicos, su laboratorio favorito, su tendencia en el uso de grupos terapéuticos específicos y, en caso de establecerse desviación de las medias o medianas, podrá realizarse una investigación que, eventualmente, demostrará alteraciones en costos y sesgos frente a guías de manejo.
Así, podrá pedirse a los diferentes entes de control que se investigue a los médicos por el uso inadecuado del dinero de la UPC, que es público y no privado. Es aquí donde aparece la famosa autorregulación.
Con optimismo y entusiasmo recibimos esta la implementación de la Ley Estatutaria. Esperemos a ver cómo se mejora la salud de los colombianos y cómo varían los indicadores del sistema. Sólo me pregunto: ¿Lograremos por fin la sostenibilidad financiera y el punto de equilibrio en el sector salud? La verdad, no creo.
JUAN GUILLERO ORTIZ
DIRECTOR CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA