La acción demencial que dejó una treintena de heridos el pasado fin de semana en Bogotá, después de la explosión de un artefacto en los alrededores de la plaza de Santamaría, merece un análisis más profundo, y dejar de lado las especulaciones tejidas hasta el momento.
Lo sucedido el domingo es abominable. Nada justifica un acto terrorista de estos en un país que hace tránsito hacia la paz. Nada de revolucionario tiene un ataque contra inermes policías y ciudadanos de bien, hoy en condiciones críticas por las heridas que sufrieron. La sociedad entera ha expresado su repudio, y los gestos de indignación no se han hecho esperar, como debe ser.
Cuando ocurren actos semejantes y en una ciudad como Bogotá, afloran múltiples teorías acerca de sus autores. Se sospecha de las estructuras guerrilleras, de bandas al servicio de intereses oscuros y hasta de enemigos del proceso de paz.
Ahora bien: si, como aseguran las autoridades –empezando por el Ministro de Defensa–, se trata de otro episodio que involucraría a las llamadas milicias del Eln, el asunto no puede quedarse en otra condena pública. Hay que ir más allá.
Las similitudes que guardan este caso y los de finales del 2016, cuando un policía fue asesinado en la subestación de Torca, norte de Bogotá, y otro explosivo fue activado en la calle 34 con carrera 7.ª, en pleno centro, remarcarían esas sospechas.
El Gobierno, que adelanta diálogos con dicha agrupación, debe pedir las explicaciones del caso, y estas están en la obligación de entregarlas. El silencio solo añade otra dosis de desconfianza e incertidumbre entre los colombianos.
Ninguna hipótesis es descartable. Surgen voces que no excluyen a las poderosas redes de narcotraficantes que han sido golpeadas bajo la actual administración y otras estructuras criminales interesadas en generar zozobra. De las acciones perpetradas hasta el momento, solo una parecería tener razones extorsivas, de acuerdo con organismos de inteligencia; las demás han sido ejecutadas detalladamente, con un modus operandi que requiere de una estructura mínima que permita llevarlas a cabo.
Vale la pena señalar que, así como es condenable cualquier acción terrorista, también son reprochables las voces precipitadas que les endilgan responsabilidad a los grupos antitaurinos o a sectores simpatizantes de la pasada administración. Dar vuelo a teorías revanchistas o conspirativas solo lleva a enrarecer más el ambiente y a que se pierda el foco en la búsqueda de los verdaderos culpables.
De tiempo atrás, la capital ha sido el blanco de hechos similares, pues su resonancia en el contexto nacional e internacional es mayor. Por ello, cabe pedirles al Distrito y demás autoridades celeridad en el esclarecimiento de todos los atentados ocurridos hasta el momento. La ciudadanía reclama que se halle a los responsables.
Por lo mismo, es urgente que se adelante desde los gobiernos local y nacional un examen a fondo sobre la seguridad en la capital y el grado de vulnerabilidad al que se halla expuesta. Ya lo habíamos advertido aquí hace un par de semanas: es necesario hacer un frente común en la lucha contra la delincuencia, venga de donde venga.
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