Más de 30 años después de la construcción de la hidroeléctrica de Guatapé, Antioquia, el Consejo de Estado condenó a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por múltiples inundaciones que han afectado desde entonces al municipio vecino de San Rafael por el aumento del caudal del río por vertimientos de aguas del embalse.
Aunque el tribunal consideró que no había lugar a una condena por las inundaciones que sufrieron los habitantes de San Rafael entre 1987 y 1996, por haberse vencido el plazo para presentar demandas de reparación, sí aceptó las quejas por siete inundaciones que ocurrieron entre julio de 1998 y diciembre del 2000.
El fallo les dio la razón a 108 familias al demostrar que el desbordamiento del río Guatapé fue consecuencia de procesos de socavación y erosión y ordenó el pago de una indemnización que supera los 550 millones de pesos.
La Sala consideró “que las magnitudes en que el caudal del río aumenta en altura y metros cúbicos con los vertimientos de agua de la central Guatapé causaron la desestabilización de las orillas por la generación de procesos erosivos aguas debajo de la descarga de la central Guatapé”.
Con ponencia del magistrado Danilo Rojas, el Consejo de Estado concluyó que la vida de los habitantes de San Rafael se alteró generando “enormes incomodidades” a los propietarios porque con cada inundación han tenido que desalojar sus casas, han perdido sus enseres y se han convertido en “desplazados dentro de su propio pueblo”.
“Incomodidades todas que los accionantes no tendrían por qué sufrir y que no tienen ningún deber legal de afrontar”.
En su decisión, el tribunal exhortó a la gobernación de Antioquia, la alcaldía de San Rafael y a la Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare (Cornare) para que implementen planes de gestión del riesgo.
Y, además, le pidió a EPM que adelante negociaciones con los propietarios de las viviendas que se ven afectadas frecuentemente por inundaciones para que les compre o les cambie los inmuebles por otros con similares condiciones, pero en lugares que impliquen cero riesgo.
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