¿Es o no cierto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene muy pocos instrumentos para hacer una investigación de fondo sobre unos dineros mal habidos en una campaña?
El CNE tiene una unidad especial llamada el Fondo de Financiación Política, el cual se creó con el Acto Legislativo 1 del 2009 y se desarrolló con la Ley 1475 del 2011. Está conformado por un grupo de profesionales de ciencias de contaduría cuya función se circunscribe al examen formal de las cuentas que presentan los candidatos y los partidos de gastos e ingresos de las campañas electorales.
Obviamente que en los libros de las campañas las cuentas cuadran y no se violan los topes…
Nadie, salvo que se descuide, lleva al CNE unos informes de ingresos y gastos confesando que se voló los topes. La absoluta mayoría de las cuentas son visadas, y son autorizados los gastos de reposición que entrega el Estado.
¿En este caso puntual de Odebrecht, para poder investigar la circulación de un millón de dólares en efectivo que supuestamente iba para la gerencia de la campaña Santos Presidente o que algún intermediario se pudo haber robado, ustedes necesitarían una policía judicial especializada?
Necesitaríamos un cuerpo técnico a la manera de una unidad de investigación de delitos electorales. Esa unidad se adscribió a la Fiscalía, pero a mi forma de ver, dentro de las reformas a la organización electoral, debería contemplarse la posibilidad de que opere dentro del poder electoral.
¿Y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) no sirve para nada?
Opera como una unidad que presta básicamente sus servicios al Ministerio de Hacienda y a la Dian, pero nosotros no tenemos ningún diálogo con la Uiaf.
¿Por qué lo impactó tanto el tratamiento que en el CNE le dio su presidente a la carta del señor Otto Bula, a mi manera de ver erróneamente interpretada como una retractación? Fue, por el contrario, una confirmación de que había recibido un millón de dólares con destino al gerente de la campaña Santos Presidente, pero desde el primer día había dicho que no tenía pruebas de que el señor Roberto Prieto los hubiera recibido…
El reglamento del CNE establece que las investigaciones que están bajo el conocimiento de la entidad son sujetos a reserva. No estoy de acuerdo con esa norma, creo que ya fue derogada por resoluciones posteriores, pero eso dice el reglamento.
¿Entonces, qué debió hacer su presidente ante el recibo de esa carta de Bula?
Si esa carta llegó por la subsecretaría de la entidad, donde se radican los documentos, debió haber sido enviada a la ponente del asunto que se sorteó la semana anterior, para que la adjuntara al expediente, y a su vez la ponente debía haber llevado el tema por su trascendencia a la Sala para un examen preliminar y luego determinar qué hacer con la comunicación: si ordenar un dictamen grafológico, o llamar al señor Bula a ampliar su versión, pero nada de eso ocurrió. El presidente tomó la carta, no informó a la Sala Plena de su existencia, convocó a una rueda de prensa e hizo pública la comunicación. Por supuesto, los periodistas interpretaron la carta que leyó el presidente de viva voz como una retractación del señor Bula de su dicho ante la Fiscalía ocho días atrás.
¿A su manera de ver, sí hubo la tal retractación?
Es un tema de interpretación. El señor Bula había dicho que el millón de dólares lo entregó para la gerencia de la campaña Santos Presidente. El gerente de esa campaña era el señor Prieto. Uno podría interpretar que el dinero iba para la campaña, una estructura articulada para un proceso electoral, pero no se dice que estuviera pagando una deuda ni haciendo una donación, sino enviando un recurso para la gerencia de una campaña.
¿Podría ser un soborno al señor Prieto?
No puedo avanzar una respuesta. Ese es el objeto de la investigación que debería adelantar la Fiscalía en forma coordinada y concertada con el CNE.
¿Usted cree que en el presidente del CNE había el ánimo, al revelar esa carta, de enviar un mensaje a la opinión de que la campaña Santos Presidente no recibió ningún dinero de Odebrecht?
Sin duda tuvo ese propósito. Fue una rueda de prensa convocada en forma apresurada, con el único fin –y esta es una interpretación que tengo– de producir una reacción en la opinión pública, con el propósito de contrarrestar el efecto que se había producido ocho días atrás.
¿El presidente del CNE tendría un interés político en hacer eso?
Aquí viene la discusión sobre los diseños institucionales. El presidente del máximo organismo de vigilancia en los procesos electorales no puede ser o pertenecer o proceder del mismo partido de la coalición de gobierno.
¿Se vuelve sospechoso de favorecimiento político?
En cualquier caso genera muchas susceptibilidades. Le resta imparcialidad a su dicho o a cualquier decisión que tome. Es un problema estructural que se está reflejando de manera dramática en este episodio tan grave como es el de Odebrecht.
Se habla mucho de los “ñoños y las musas” con quien está muy relacionado el presidente del CNE. Ese grupo político le manejó la campaña al presidente Santos en la Costa….
Son conjeturas que pueden tener más o menos una base de realidad. La única manera de contrarrestarlas sería que la organización electoral actuara con absoluta transparencia, en forma pública, y que todo esté sujeto al escrutinio de los ciudadanos.
El Consejo Electoral llegará hasta los libros. No puede ir más allá…
En el marco de los instrumentos materiales que tiene el CNE, lo único que puede hacer es revisar nuevamente los libros, que no van a decir nada. Tendría que dar un paso más adelante: reconstruir cómo fueron las campañas. ¿Hacer eso tres años después? Es supremamente difícil. Una misión imposible. Por eso debería tener capacidad para hacer control de las campañas en tiempo real para que un cuerpo técnico vigile cómo se están gastando el dinero, transportando a los votantes, etc.
Usted muy juiciosamente consiguió la investigación del Departamento de Justicia de los EE. UU. y la tradujo. ¿Qué dice?
El Departamento de Justicia señala que esta investigación pone al descubierto la más grave práctica de corrupción en el mundo contemporáneo de la que ha tenido conocimiento esa autoridad.
¿Así de grave es?
Así lo califican ellos. Y si usted mira el informe, encuentra que realmente es una cosa muy sofisticada porque tiene presencia en once países, en América Latina, en África. Odebrecht construyó una gran multinacional del crimen, incluso con una unidad que se llamó División de Operaciones Estructuradas, una oficina de coimas y sobornos que estaba compartimentada con unos funcionarios innominados que se identificaban por números; entre ellos mismos no se conocían. Esa compartimentación servía como un mecanismo para asegurar que nadie fuera a delatar al otro en el proceso de movilización de millones entre países y bancos.
¿Se logró romper esa compartimentación?
El informe del Departamento de Justicia va hasta el fondo. Al leerlo en detalle, uno encuentra que ellos ya saben sus identidades, rastrearon los bancos, saben sobre los candidatos y funcionarios que en los distintos países recibieron el dinero, a tal punto de que la Fiscalía de Brasil tuvo la iniciativa de convocar a una reunión regional de fiscales de los países involucrados, para construir un expediente internacional del caso Odebrecht. Ahora hay que conformar una estructura que supere las autoridades nacionales para encontrar la verdad de lo ocurrido.
¿Qué dice ahí de Colombia?
La referencia a los países es escueta. La de Colombia tiene tres párrafos. Dice que aquí se repartieron 11 millones de dólares, que a un funcionario gubernamental se le entregaron 6,5 millones para el favorecimiento de una obra pública y que como consecuencia de esa operación de soborno, Odebrecht obtuvo una utilidad de 50 millones de dólares.
Pero no habla de campañas políticas…
No. Pero en la introducción general dice que esta Oficina de Operaciones Estructuradas capturaba “candidatos, campañas, partidos políticos y altos funcionarios”. Es decir, su ruta del soborno era identificar países donde hubiera procesos electorales, comprarlos, darles plata a los distintos candidatos presidenciales, de tal manera que no perdiera en ninguno de los casos cualquiera que fuera el resultado. Es una multinacional que capturó la democracia representativa en los países donde tuvo presencia.
¿Si no se mencionan las campañas en el informe del Departamento de Justicia, es porque no hay certeza?
El informe de Colombia es escueto, pero haciendo un análisis de contexto según el preámbulo, se puede deducir el ‘modus operandi’. Por ejemplo, se dice que parte de su estructura operativa era distanciar de la mejor manera el punto del cual salía el dinero para el soborno de su destinatario final. Le daban la vuelta al dinero por varios países para disolver el nexo directo y utilizaban distintas entidades bancarias, a tal punto de que cuando las autoridades brasileñas y norteamericanas empezaron a investigar esto y a solicitarles a los bancos el levantamiento de la reserva bancaria, dice el informe que incluso compraron algunos bancos para ocultar la información financiera. Es el crimen en la era de la globalización.
¿Cómo se defiende un país donde a un funcionario corrupto le den una plata y este la consigne en una cuenta a nombre de una sociedad en el exterior?
En un libro llamado ‘La era de la información’ de Manuel Castells, un sociólogo y profesor catalán que escribió hace 15 años, hay un capítulo donde prefigura este fenómeno. Su conclusión es que en las fronteras nacionales es insoluble y que por consiguiente, hay que fortalecer los sistemas de cooperación e investigación internacional para desarticular esas redes del crimen organizado que no es derivado ya de la cocaína o la trata de blancas, sino de la captura de los recursos públicos de prácticamente toda América Latina a través de sus obras públicas.
Suena una labor titánica al lado de lo que el CNE puede hacer…
Con el solo esfuerzo del CNE es un chiste flojo pensar que vamos a llegar a la verdad de lo acontecido, porque la estructura que montó Odebrecht escapa a esa competencia.
¿Tenemos razón entonces los que pensamos que la Fiscalía debe ser la investigadora principal de este escándalo de corrupción?
Por supuesto que sí. No estoy de acuerdo con la teoría de que hasta cierto punto en que se entregó el dinero es de competencia de la Fiscalía y que de ahí para adelante es de competencia del CNE. Desde la entrega del dinero a un intermediario al gerente de una campaña, el curso constituye un enriquecimiento ilícito. ¿A título de qué ese último señor recibe un millón de dólares?
En su curso también puede configurar delitos como prevaricato, lavado, falsificación…
Una cantidad de conductas tipificadas en el Código Penal en las que el CNE no tiene ni la competencia ni el poder para acompañar la investigación, así quisiera hacerlo. Esto, sin una cooperación muy estrecha entre varias entidades del Estado en Colombia, en Estados Unidos y en Brasil, no va a llegar a ningún rumbo. Entre otras porque desde un punto el dinero se maneja en efectivo, y hacerle el seguimiento es casi imposible.
A usted lo recusaron. Eso significa que no podrá participar en ninguna de estas investigaciones….
Se alegó que yo tenía un juicio ya parcializado que estaba afectando mi objetividad.
¿De dónde sale esa teoría?
De que presenté la proposición pidiendo que se abrieran las investigaciones a las campañas. El Consejo Electoral tiene una competencia oficiosa para hacerlo, pero alguno de sus miembros debe hacer la proposición en Sala. Eso no dice bien del Consejo porque deslegitima su función de investigar estos temas.
¿Finalmente, cree que vamos hacia un cierre de investigación en el Consejo Electoral? ¿Abrirán los libros y los cerrarán, diciendo que todo está en orden?
Con una cooperación fuerte podríamos llegar a un punto de no retorno. Pero el problema que subsiste es la falta de independencia del CNE. Aquí no estamos investigando cualquier cosa. Se trata de las campañas electorales más poderosas que se enfrentaron en 2014. Sus topes eran de $ 30.000 millones, 20.000 en la primera vuelta, 9.000 en la segunda, y todo aparece en regla en los libros. Pero en los corrillos se dice que ambas desbordaron con creces esos topes electorales.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO